PIDE DERECHOS HUMANOS RESTRINGIR USO DEL AGUA PARA FINES INDUSTRIALES

Puebla, Pue.- Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), consideró que el Estado debe garantizar las necesidades domésticas de todas las personas, familias y comunidades por encima de los usos del agua industriales, comerciales o de otra naturaleza.

Durante un mensaje con motivo de la presentación del Informe del Relator Especial sobre los Derechos Humanos al Agua Potable y al Saneamiento, Léo Heller, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ayer en Ginebra, Suiza, puntualizó la necesidad de que México cuente con un marco jurídico del agua con perspectiva de derechos humanos.

Acotó que los hallazgos y las conclusiones se reflejan en el informe y éste tuvo la misión de identificar la situación que prevalece respecto del derecho al agua en territorio mexicano.

Algunos hallazgos de dicho informe y publicado en la página del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) señalan a Puebla como uno de los estados donde el derecho al acceso al agua y saneamiento comunidades donde se ubican proyectos mineros, hidroeléctricos o de extracción de hidrocarburos ha sido vulnerado.

En mayo de este año el relator especial visitó México por invitación del Gobierno de la República y los hallazgos fueron presentados ayer. El informe se terminó el pasado mes de agosto.

“Lograr que este preciado bien se encuentre al alcance de cada persona, de manera suficiente, con calidad, segura y asequible, es un importante reto para México, como se señala con acierto en el Informe”, indica la CNDH a través de un comunicado.

“Debemos hacer notar a todas las autoridades que no es válido dar preminencia a ciertos derechos y dejar de atender otros”, mencionó. Las funciones, comentó, que desarrollan las  instituciones de derechos humanos nacional en esta tarea son esenciales para motivar y hacer cumplir los derechos humanos e impulsar la realización de los objetivos y metas previstos en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

González Pérez externó su inquietud –como lo advierte el Relator Especial— por la reducción del presupuesto público destinado a los servicios de agua y saneamiento, y precisó que remover obstáculos para el ejercicio de esos derechos requiere la estrecha colaboración de todas las autoridades del país, destinatarios de los servicios y sociedad civil.