Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Según la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), en todo el país, incluido Chiapas, el panorama de incertidumbre es cada vez mayor porque más de una tercera parte del territorio fue concesionada sólo al tema de extracción de minería a cielo abierto. De hecho, explica que las leyes locales están diseñadas para beneficiar a las empresas del ramo, cuando debería ser todo lo contrario.
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“Porque al final de cuentas son modelos muy agresivos y deberían estar prohibidos en nuestro país.
El modelo de producción es netamente destructivo, es decir que no hay técnicas adecuadas, por eso decimos que no hay minería verde ni sustentable, ni responsable con la sociedad”, advierte.
Mientras se continúe con la práctica de la minería irresponsable, la afectación será gigantesca, y la única medida de compensación que se tiene, y no en todos los casos, es la resarcida de daños a partir de pagos, puntualiza.
Para Miguel Mijangos, integrante de esa red, “el Estado se mantiene en una etapa de depresión económica y a cambio de eso ha cedido los recursos naturales, pero lo que se generará en consecuencia es un daño irreversible en la salud”.
Uno de los problemas detectados desde hace cuatro décadas, acota, es que la forma de explotación cambió de manera radical, “pasamos del viejo túnel de Blanca Nieves y los sie7e enanos, a las minerías a cielo abierto y de tumba y relleno”, lo que transformó también la forma de extraer minerales por la alta producción y las ganancias que genera.
Calcula que tanto es el daño que hay minas que extraen medio gramo de oro y dejan una tonelada de residuos tóxicos, “es una barbaridad la asimetría de lo que obtienen por la cantidad de cosas que nos dejan. Hay otras que extraen el material, dicen que no usaron químicos, pero cuando lo hacen todas las minas son polimetálicas, entonces nos exponen al aire muchos metales y éstos cuando entran en contacto con el oxígeno, la temperatura y la humedad se vuelven tóxicos para las plantas, los animales y los humanos”.
Critica que todo el marco regulatorio esté a favor de las empresas mineras, “sólo hay que checar a la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente), a la que se le pide una inspección, su argumento es que la exploración no genera daños… entonces hay una asimetría en la forma de aplicar la ley”.
De hecho, advierte que la minería de relleno debería estar prohibida en todo el mundo, “como lo hizo El Salvador, donde hace poco se prohibió cualquier tipo de minería en ese país. Está prohibido por el Parlamento Europeo, y en otros sitios, pero en México nuestro aparato jurídico entrega concesiones al por mayor y adelgaza más las leyes para que entren más fácil”.
La REMA aboga por que se analice la posibilidad de hacer una nueva ley para que lo que gasten esas empresas puedan ser vinculantes para la reducción de impuestos, cuando en sus primeros tres años erogan 6 pesos por cada hectárea explotada, “y sube a 180 pesos a partir de la década. Eso es lo que les cobra el gobierno mexicano”.
Advierte: “tenemos datos de que hemos perdido hasta 13 mil empleos de campesinos a cambio de dos mil 500 empleos por mineros. Es decir, hay pérdidas de territorio, de identidad, de cultura… nos dejan dañadas a las gentes y no hay tal desarrollo”.