Puebla, Pue.- El instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) analiza siete casos donde sujetos obligados podrían ser sancionados por no responder solicitudes de datos, entre ellos la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y diversos ayuntamientos. A esto se suman 329 denuncias en contra deautoridades por no hacer las publicaciones dispuestas en la ley.
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Así lo dio a conocer la comisionada presidenta del Itaipue, Gabriela Sierra Palacios, tras encabezar una sesión extraordinaria del órgano garante, donde recordó que la máxima casa de estudios de la entidad ya fue castigada en una ocasión, así como el gobierno de Amozoc.
Sierra Palacios comunicó que será en las siguientes sesiones cuando se dé a conocer una determinación con respecto a los recursos de revisión en contra de las autoridades correspondientes. Las multas por no atender las peticiones van desde los 11 mil y hasta los 120 mil pesos.
De igual forma, reportó que hasta el 18 de abril de 2018 había 329 denunciasen contra de los sujetos obligados por no publicar información en sus respectivos portales, de los cuales destacan 263 denuncias en contra del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), de las cuales 74 ya fueron resueltas.
Añadió que en la última semana se sumaron 14 en contra de la fuerza política antes referida, además de tres en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP).
Sierra Palacios indicó que de las 329 quejas oficiales, 80 fueron resultas y de las cuales 78 fueron fundadas y el resto no.
Sobre el señalamiento de Miguel Aguilar Sarao, titular de la unidad de transparencia del Comité Directivo Estatal del PRI, por las denuncias en contra de la fuerza política por falta de información, argumentó que las acusaciones estaban basadas con las revisiones hechas al portal y la plataforma de transparencia.
En la sesión anterior del Itaipue se comunicó que el tricolor no estaba cumpliendo con sus responsabilidades, por lo cual le dieron un plazo de 15 días para solventar las faltas.
La comisionada presidenta mencionó que el oficio mostrado por el titular de trasparencia del PRI no significa que los escritos estén completos y actualizados, sólo es un acuse de recibido.