Juchitán de Zaragoza, Oax.- Mientras la ciudad está inmersa en una ola de ejecuciones y robos, que la ha llevado a ser catalogada como la más peligrosa del estado, un fuerte despliegue de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y de la policía estatal se movilizó para resguardar el cierre de un callejón de uso común en la Octava Sección de esta ciudad, cierre que afectará a cuatro familias.
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Los elementos, fuertemente armados, argumentaron a los vecinos que llegaron hasta el domicilio del señor Arnulfo Santiago Estevan, ubicado en el Callejón de Los Cocos, para resguardar la construcción de una barda y un portón, que traería como consecuencia el cierre del callejón común y a las cuatro familias los dejarían sin salida alguna.
“El señor no respeta los documentos de 1971, donde él mismo firmó como testigo de que el callejón es de uso común, ahora quiere cerrar y dejarnos adentro, sin salida ni entrada. Ahora le pagó a judiciales y policías estatales, ya ni cuándo deben de atrapar a los malos actúan, para resguardar algo ilegal. Llegaron armados y nos intimidaron, ellos alegan que cumplen órdenes de ver que se cierre el callejón, no se vale que actúen así”, manifestó molesto Armando López Valdivieso, vecino denunciante.
Los vecinos mostraron un documento expedido por la Regiduría de Obras Públicas del Ayuntamiento en donde suspende la obra de cierre del callejón desde agosto, bajo el argumento de que Arnulfo Santiago no mostró los documentos que acrediten la propiedad del callejón y por no contar con los permisos de construcción.
Los vecinos acusaron a los agentes de la AEI de supuestamente recibir dinero para brindarle resguardo a los albañiles que levantaron la barda, pero que después de la movilización de los afectados se retiraron.
“Sabemos que él le pago cinco mil pesos a los judiciales para que vinieran a brindar protección para que pudiera cerrar el callejón, un cierre a todas luces ilegal y que se utiliza la fuerza pública para hacer el capricho de una persona que no tiene razón ni en papeles ni en hechos”, señaló Juana Regalado Jiménez, otra de las vecinas afectadas que vive desde hace 26 años en el lugar.
Los elementos del AEI, al ver a los medios de comunicación recabar información con los vecinos molestos, comenzaron a grabar y tomar fotografías como una forma de intimidación.
Se pidió la versión de Arnulfo Santiago o algunos de sus familiares pero se negaron a responder.