Juchitán de Zaragoza, Oax.- Unos 66 proyectos de pequeñas hidroeléctricas, uno de una gran hidroeléctrica y ocho proyectos de aerogeneradores pretenden aterrizar al territorio oaxaqueño, algunas de ellas como los eólicos fueron resultado de la primera subasta de 6.3 millones de Certificados de Energías Limpias (CEL) por parte de Comisión Federal de Electricidad (CFE) para empresas privadas, que se realizó en el mes de marzo del 2016.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
Esta subasta incluye la asignación de contratos de plazos entre 15 y 20 años entre las empresas generadoras de energías limpias.
EDUCA, Servicios de Educación Alternativa, A.C., a través de su área de Observatorio de Derechos Territoriales investigó en el Inventario Nacional de Energías Renovables (Inere), elaborado por la Comisión Federal de Electricidad y la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, posibles proyectos de inversión “verde” en territorios oaxaqueños.
En las ocho regiones de Oaxaca se pretenden ubicar los 66 proyectos hidroeléctricos pequeños, los cuales están en una etapa de estudios, por mencionar a unas cuantos que se ubicarán en la zona de Ixtlán de Juárez Ayotintepec, San Juan Cotzocón, San Juan Mazatlán, en la zona de Chimalapa, Matías Romero, Santiago Laollaga, Nejapa de Madero, Jalapa del Marqués, Santa María Huatulco y San Felipe Usila, entre otros puntos del estado.
La primera subasta la ganaron Sun Power Systems, Enel, Parque Eólico Reynosa III, Gestamp Wind, Recurrent Energy, Alten Energías Renovables del Istmo, que invertirán en su conjunto 2 mil 116 millones de dólares de 2016 a 2018.
La Comisión Federal de Electricidad todavía es la ejecutora de algunos proyectos hidroeléctricos, pero en Oaxaca han presentado proyectos las empresas Electricidad del Istmo, ENERSI, COMEXHIDRO y Electricidad de Oriente, ya que la distribución de la energía también está abierta a empresas y están abriendo un potencial mercado a empresas nacionales y extranjeras.
En el estudio elaborado por Ana María García Arreola, del área de Derechos Territoriales EDUCA, A.C. explicó que México ha cambiado legal y estructuralmente el sistema energético a través de la llamada Reforma Energética, que se tradujo en la reforma al Artículo 27 constitucional y más de 12 leyes secundarias.
“Este cambio implica que la Comisión Federal de Electricidad se convierte en una empresa productiva que competirá al igual que cualquier otra empresa por el mercado energético. El nuevo esquema permite la entrada de empresas a todas las etapas del proceso productivo, lo cual representa una gran oportunidad de negocios para las mismas, pero una amenaza para los territorios”, explicó.
También dijo que, “a la par de la apertura del sector energético a capital privado, el impulso a la política de la energía limpia adquiere mayor preponderancia, se promueve ahora la captación de recursos a través de los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) para el cumplimiento de metas contra el cambio climático”.
Según el estudio, el gobierno mexicano pretende cubrir la meta de 5 por ciento de su consumo en CEL para 2018 y cualquier empresa ahora podrá por ejemplo vender un paquete de energía y CELS.
“Para varios expertos existe un problema en la definición de energías limpias en las leyes mexicanas, por ejemplo se consideran a las hidroeléctricas y la energía nuclear, sin considerar los graves impactos ambientales que están han tenido”, indicó.
Oaxaca, según la especialista, ofrece bienes comunes como los ríos, manantiales, vientos y otras fuentes de agua, que podrían ser concesionados a empresas para la producción de energía.
Los pueblos indígenas y ¿sus derechos humanos?
Los resultados del estudio incluyen que los nuevos cambios de la nueva Reforma Energética en México contraponen con todos los avances en materia de Derechos de los Pueblos indígenas y Derechos Humanos que se han logrado de manera progresiva, más aún porque la regulación de las empresas es incipiente y no existen mecanismos que hagan justiciables los derechos.
La especialista resaltó que en Oaxaca la propiedad social de la tierra es de más del 80 por ciento entre ejidos y comunidades agrarias, los proyectos planteados para la producción y comercialización de energía, bajo el nuevo marco legal, desconocen los derechos agrarios a través de los mecanismos de expropiación.
EDUCA, A.C. precisó que varios de los proyectos hidroeléctricos se proyectan en territorios indígenas zapotecos, chatinos, mixes, chinantecos y mixtecos. Si bien, en la Reforma Energética se incorpora la consulta como un requisito (a pesar de que esta reforma no fue consultada), en su implementación los gobiernos y las empresas son juez y parte, conducen el proceso y encaminan a la negociación sin posibilidad de veto o cancelación. Esta situación contraviene los principios de la consulta y la jurisprudencia internacional en la materia.
“Los procesos de negociación contemplados en las leyes energéticas conducen irremediablemente a la cesión de territorios a empresas, se establecen servidumbres legales que restringen el uso y disfrute a los poseedores y propietarios. El modelo privilegia a las grandes empresas nacionales y extranjeras que puedan cumplir con los requisitos de sostenibilidad financiera”.
García Arreola agregó que la actividad de la industria eléctrica tiene preferencia sobre cualquier otro uso o aprovechamiento que se le da a la tierra. “Con las concesiones sobre ríos por parte de empresas, incluidas la Comisión Federal de Electricidad, las comunidades verán afectadas su acceso al agua, al territorio y a sus formas de vida”.
“Existe una gran opacidad en la información de las empresas, pero también en la información que el Gobierno Mexicano en canto a los proyectos de inversión a ejecutarse en territorios, los pueblos y comunidades se encuentran en una situación inequitativa al no tener elementos para la toma de decisiones informada. La Ley de la Industria Eléctrica incorpora un nuevo estudio, el Estudio de Impacto Social al conjunto de requisitos, sin embargo, este estudio es realizado por las empresas interesadas en la realización del proyecto, sin que las comunidades puedan tener acceso a los resultados del estudio, ni argumentar en los mismos. Además, los resultados no son considerados para el otorgamiento de los permisos”, externó la especialista.