Oaxaca, Oa.x- Los centros penitenciarios que existen en Oaxaca son insuficientes para responder a la necesidad que demanda la ampliación del catálogo de delitos que requieren prisión preventiva.
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El más reciente documento Estadísticas sobre el sistema penitenciario estatal en México, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), señala que, en Oaxaca, al 2016 existía una tasa de sobre población del 74 por ciento.
La situación se agrava si se considera que, en el 2017, el 81.16 por ciento de la población penitenciaria no había sido enjuiciada, mientras que del 18.84 por ciento sí; el 38.17 por ciento tenía una condena de 21 años o más, según lo establecen cifras del Observatorio de Prisiones realizado por Documenta A.C.
En diciembre de 2018, con 91 votos a favor, 18 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Senadores aprobó en lo general modificar el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.
El “catálogo”
Se incluyó abuso o violencia sexual contra menores, uso de programas sociales con fines electorales, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares; delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
El mismo informe del Inegi revela que en 2016 hubo un cambio de tendencia en la sobrepoblación penitenciaria de Oaxaca, pues de venir al alza, tuvo una disminución de tasa del 29 por ciento. Una de las explicaciones potenciales podría atribuirse a la puesta en marcha del Nuevo Sistema de Justicia Penal, el cual restringe el uso de la prisión.
Mientras que en el 2013 la tasa de sobrepoblación penitenciaria en Oaxaca fue del 102 por ciento, de 104 por ciento en 2014, del 103 en 2015; en el 2016 cayó al 74 por ciento.
En Oaxaca el nuevo sistema de justicia penal, arrancó en 2007 en el Istmo de Tehuantepec; en la Mixteca y la Costa en 2012; en la Cuenca del Papaloapan en 2013; en Sierra Norte y Sur en 2015. Finalmente fue en el 2016 cuando entró en vigor en la Cañada y los Valles Centrales.
El mismo informe del Inegi señala que si bien el diseño legal reconoce a la prisión como la última medida que debe tomarse, uno de los retos será conocer si la operación de la ejecución penal se lleva a cabo del modo en que las reformas están planteadas en las leyes mexicanas.
Y agrega que uno de los panoramas que habrá que enfrentar será la presión social sobre el endurecimiento de las penas derivado de un clima donde el delito es cotidiano y afecta a todos los sectores de la población.