México.- Mientras que del total de personas desaparecidas en el país, 25 por ciento son mujeres, en el estado de México equivalen a 46 por ciento, y siete municipios concentran el 43 por ciento de las desapariciones: Toluca, Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Valle de Chalco, Ixtapaluca y Cuautitlán Izcalli.
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Además, estos municipios forman parte de los 11 que tienen declaratoria de alerta de género por feminicidio, decretada en 2015.
A casi un mes para que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) resuelva si declara o no la segunda alerta de violencia de género en el estado de México por desaparición, Idheas. Litigio Estratégico en Derechos Humanos, y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), presentaron un diagnóstico actualizado sobre la situación que se vive en esa entidad.
Con base en información del Grupo de Trabajo de la alerta de género, señalaron que de 2010 a septiembre de 2018 se registraron 3 mil 686 casos de mujeres desaparecidas, incluye a las ya localizadas. A agosto de 2018, mil 73 continuaban sin ser ubicadas. Del total de desaparecidas, 55 por ciento son menores de edad, y el 37 por ciento son estudiantes.
Las líneas de investigación que han explorado las organizaciones respecto a qué pasa con las mujeres que están desaparecidas se relacionan con la trata de personas, feminicidios y homicidios dolosos.
En conferencia, resaltaron que además existe una cifra negra pues sería mayor el número de desaparecidas pero las denuncias no se presentan principalmente porque hay temor de los familiares a sufrir represalias; hay amenazas e intimidaciones por parte de las autoridades o de los responsables; escasos conocimientos o falta de confianza en el sistema judicial y el no jurisdiccional y pertenencia de las familias de las víctimas a comunidades con pocos recursos.
Elsa Arista, del colectivo Nos queremos vivas Neza, expuso las omisiones de las autoridades en los casos de desaparición. Las familias que denuncian ante los ministerios públicos se enfrentan en las primeras horas a que les pidan esperar 48 horas para iniciar la búsqueda.
“Sabemos que el protocolo homologado de búsqueda inmediata dice lo contrario. En realidad la espera de 48 horas no tiene ningún fundamento legal y por supuesto viola el acceso a la justicia ya que las primeras horas son sumamente importantes para encontrar a las víctimas con vida”, dijo.
Además, señaló que se requiere el cumplimiento de medidas como preservar las evidencias y que éstas sirvan para la resolución de los casos; se emitan alertas carreteras, migratorias y financieras.
Arista resaltó que a pesar de la alerta de violencia de género, “no estamos viendo una justicia pronta, adecuada como lo marca” este mecanismo.
Xanny Hernández, de IMDHD, señaló que el papel que realice la Comisión Nacional de Búsqueda “será fundamental tanto para la atención urgente de los casos cuando la desaparición de las mujeres acaba de ocurrir así como los de larga data”.