Bogotá, Colombia.- Los jefes de la guerrilla más antigua de América Latina, el último resquicio de la insurgencia que surgió y se consolidó al amparo de la Guerra Fría, han ido contando, quizás confesando, esta y otras anécdotas a sus enemigos durante cinco décadas, los representantes del Gobierno y la Fuerza Pública de Colombia. Pese a que lo máximo que consiguieron fue mantener una relación de cordialidad, nunca de amistad, no faltaron las bromas o los desafíos, sobre todo con los militares, de “tú me robaste aquel mortero” o “pudimos atacaros porque fallasteis montando ahí el campamento”.
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Las delegación del Gobierno, liderada por Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo, Alto Comisionado para la Paz y la de las FARC, con Iván Márquez al frente, lograron poner fin a un parte de guerra implacable: ocho millones de víctimas, entre los siete millones de desplazados, más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos… Una batalla fratricida a la que se puso fin el pasado 26 de septiembre. Más de 1.300 días de conversaciones entre el equipo del Gobierno, una amalgama de políticos, militares, empresarios y jurista y la delegación de las FARC, comandada por sus principales líderes. Una negociación que ha producido un documento de 297 páginas, con un lenguaje arduo para el ciudadano de a pie, que los colombianos deberán refrendar este 2 de octubre. Una consulta que, en ningún caso, solucionará los problemas del país. Será la primera piedra de un nuevo camino. Tampoco paliará el dolor sufrido.
El 13 de mayo de 2009, el soldado Jairo Alberto Álvarez se encontraba realizando operaciones contra el Bloque Sur de las FARC y la Columna Móvil Teófilo Forero, una especie de unidad de élite de la guerrilla, de las más sanguinarias. Álvarez accionó un artefacto explosivo. Los siguientes 20 días fueron una lucha constante de los médicos por tratar de salvarle la pierna izquierda. Fue en vano. La mina, que representa una de las mayores atrocidades de la guerra, además del explosivo y la metralla, tenía materia fecal y cianuro, dos bacterias que hicieron cualquier esfuerzo inútil. Los médicos le amputaron la pierna izquierda.
La rehabilitación de Álvarez no tiene fin. A primera vista camina normal, pero la prótesis le acompañará de por vida. Tampoco se despojará del recuerdo de aquella tarde en la que el horror explotó en su cuerpo. “El dolor físico es intenso, pero la parte psicológica es muy dura. Usted sabe que ha perdido parte de su cuerpo, y que ya no va a volver”, asegura, con la pierna derecha en el suelo y la prótesis sobre una silla, en el Hospital Militar de Bogotá, que durante décadas atendió a las víctimas del Ejército y la Policía. Un centro del dolor que llegaba a recibir unos cuatro pacientes al día con lesiones serias y que, en los últimos años del proceso de paz, pasó de atender a unos 1.000 heridos al año a no más de 60.
Escondido entre las 297 páginas del acuerdo hay uno que evidencia la voluntad de trabajo entre los que hace nada se buscaban darse plomo. El Gobierno y las FARC se han comprometido a desminar el país conjuntamente. Más de 11.000 personas han sido víctimas (entre muertos, más de 2.000, y heridos; el 10%, niños) por la colocación de artefactos explosivos en Colombia, el tercer país del mundo con más minas.
La guerrilla de origen marxista-leninista que devino en una organización terrorista –aún sigue en la lista de Estados Unidos aunque la UE la sacó de ella- con relaciones con el narcotráfico volcará buena parte de sus esfuerzos y de su gente –unos 7.000 guerrilleros y otros tantos milicianos- para tan ingente labor. Para ellos, la vida ha sufrido una sacudida en estos cuatro años, especialmente desde que el 20 de julio de 2015 decretasen el que a la postre sería el último cese unilateral del fuego. El Gobierno correspondió con la suspensión de los bombardeos a los campamentos. Hasta que se decretó el cese al fuego definitivo el 23 de junio de 2016 se produjeron algunos combates, pero ya era un hecho. No más negociación en medio del conflicto. El año posterior al inicio de las conversaciones murieron 430 personas, entre guerrilleros, civiles, militares y policías. En 2014 hubo 342 muertos, en 2015 hubo 146 y hasta junio de este año se habían registrado tres víctimas.
Quienes más notaron el cese de las bombas y el ruido de los Kfir fueron, sin duda, las FARC. La vida en los campamentos comenzó a ser eso, vida. En algún rincón del Putumayo, en la frontera con Ecuador y Perú, donde operó el mismo Bloque Sur que amputó la pierna del soldado Álvarez, un grupo de 70 guerrilleros celebraba el pasado junio una fiesta para brindar por el fin de la guerra. Eran los últimos compases de las FARC en las montañas. Vestidos con camisetas de color llamativos, esos que durante décadas tenían prohibidos para no dar papaya a los militares –una expresión que se asemejaría a la española “dar el cante”- bailaban con sus botas de agua sobre unos tablones que improvisaban un escenario.
Corría el alcohol y el buen ambiente mientras los fusiles reposaban a un lado. “Sin las armas, este proceso no hubiese sido posible”, aseguraba Martín Corena, el comandante que por aquel entonces lideraba el bloque. Al ritmo de cumbia y vallenato la guerrillerada daba sus primeros pasos hacia una vida que les era, les es, incierta. “Yo haré lo que diga la organización”, repetían jóvenes y no tanto, que también se apresuraban a soñar por una vida alejados de los fusiles.