San Pedro Cholula, Pue.- La Contraloría Municipal iniciará un proceso administrativo en contra de la exedil panista Dolores Parra Jiménez por haber provocado un daño patrimonial en perjuicio del erario por 1.8 millones de pesos al falsear declaraciones ante un juez federal, cuando en su gobierno estuvo involucrada en un caso de despojo, denunciado hace tres años por una habitante de la junta auxiliar Santiago Momoxpan.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
El consejero jurídico de la Comuna, Jesús Morales Garduño, contó que en mayo de 2013, María Eustacia Blanca Rodríguez demandó por los delitos de intento de homicidio y despojo a varios funcionarios de la pasada administración, incluida la exprimera regidora, luego de que en ese tiempo se le fuera arrebatada con lujo de violencia, una zona de 480 metros cuadrados, la cual fue destinada para construir una conexión de drenaje y un colector pluvial en el polígono del río Rabanillo.
Tras el proceso legal iniciado, la exservidora pública en mención y personal de la Sindicatura Municipal falsearon declaraciones, al justificar ante el juez federal que esa obra había sido ejecutada por el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, cuando en realidad estuvo a cargo del gobierno estatal.
El declarante dejó entrever que funcionarios de la pasada administración panista incurrieron en una serie de falsedad de declaraciones ante un juez federal y tras varios años de litigio, la denunciante obtuvo un fallo a su favor.
Incluso contó que ayer venció el plazo que la Comuna tenía para liquidar ese monto, el cual no fue cubierto, debido a una falta de solvencia económica en las arcas municipales, razón que llevará a considerar la solicitud de un préstamo ante la Secretaría de Finanzas.
Morales Garduño afirmó que esta administración pagará la cantidad fijada por la autoridad federal de justicia, porque de llegarse a desacatar la orden, existe el riesgo de propiciar una desaparición de los poderes públicos en el municipio.
Ante el escenario, añadió que su área ha entablado mesas de diálogo con la afectada, a fin de lograr acuerdos en el apartado financiero.
Recordó que este caso de daño patrimonial es el segundo que de manera formal se califica durante la administración encabezada por la panista Dolores Parra Jiménez, pues el primero involucró al extitular de la Consejería Jurídica, quien también enfrenta una orden de aprehensión y de embargo a su patrimonio, por cometer actos irregulares que en términos económicos generaron al gobierno local un gasto innecesario de 1.2 millones de pesos.
Finalmente, ventiló que por falsedad de declaraciones y daño patrimonial, la Contraloría Municipal buscará que la exmunícipe o quien resulte responsable, repare el daño financiero, aunque también dejó entrever que se fijarán las sanciones correspondientes, donde en dicho apartado pueden incluirse hasta procesos de inhabilitaciones para desempeñar cargos públicos en un futuro.