Oaxaca, Oax.- Apunto de cumplirse los primeros tres meses de la actual administración estatal, la sociedad oaxaqueña espera conocer de los funcionarios sus respectivas declaraciones 3de3: patrimonial, de intereses y fiscal.
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Tal y como lo comprometió el gobernador Alejandro Murat Hinojosa, deberán cumplir, como ya lo hizo él siendo candidato a la gubernatura, publicar su declaración 3de3, y con ello ahondar en el combate a la corrupción e impunidad.
Con un nuevo andamiaje legal y nuevas dependencias, pidió a sus colaboradores trabajar con humildad, sencillez, transparencia, rendición de cuentas y, lo más importante, “dar resultados a Oaxaca”.
También advirtió a sus colaboradores que “quien viole las leyes y genere prácticas inadecuadas habrá de afrontar las consecuencias”.
Hoy los oaxaqueños esperan empezar a ver los resultados, ante una economía colapsada que no repunta y se haga realidad el compromiso de fortalecer y garantizar un estado más seguro y atractivo para los inversionistas que contribuya a la generación de empleos.
“Hoy hay paz social y gobernabilidad y estamos conscientes de que sin estos elementos no hay inversión y por consiguiente no hay empleos y el estado se colapsa”, afirmó el gobernador.
Sin embargo, persisten los bloqueos en carreteras y cruceros de la ciudad, toma de oficinas públicas, tanto por organizaciones sociales como por habitantes de diferentes comunidades del estado que exigen atención a sus demandas.
Los inconformes se han dedicado a tomar desde las instalaciones del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) hasta los complejos de oficinas de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, además de apoderarse de camiones del transporte urbano e impedir el tránsito vehicular de miles de oaxaqueños que ha aumentado el hartazgo popular.
La economía, estancada
En los últimos 10 años Oaxaca creció a una tasa promedio de 2 por ciento anual, de acuerdo a los datos del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). A pesar de que existen trimestres en los que sorprendió por su alto crecimiento (por ejemplo, los últimos dos trimestres de 2015 creció a 4.2 por ciento promedio anual) con la ventana de tiempo de 10 años su crecimiento está por debajo del crecimiento nacional (2.4 por ciento).
Es el cuarto estado con menor crecimiento, empatado con Baja California, en ese periodo; sólo después de Tamaulipas (1.8 por ciento), Chiapas (1.7 por ciento) y Campeche (-4.2 por ciento). Incluso es superado por su vecino Guerrero, que creció 2.1 por ciento promedio anual en los últimos 10 años.
Poco más de 60 por ciento de su economía se concentra en las actividades terciarias, es decir, los sectores de servicios y comercio. En especial, se concentra en los servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes inmuebles e intangibles y en comercio.
Si bien Oaxaca tiene la segunda menor tasa de desempleo (2.1 por ciento), sólo por arriba de Yucatán, es el estado con la mayor informalidad laboral. Del total de trabajadores, 74.6 por ciento son informales (excluyendo a los trabajadores agropecuarios). Si se incluye a los trabajadores agropecuarios esta cifra aumenta a 82 por ciento.
Además, en los últimos 10 años aumentó su informalidad laboral. De 2006 a 2016 aumentó la tasa de informalidad laboral de 70.4 por ciento a 74.6 por ciento.
Los sectores con las mayores tasas de informalidad son la agricultura (97.8 por ciento), la construcción (89.7 por ciento), la industria manufacturera (89.3 por ciento) y restaurantes y servicios de alojamiento (88.5 por ciento)
El porcentaje de los trabajadores que laboran en el gobierno estatal (excluyendo a trabajadores de escuelas, hospitales, clínicas o instituciones de asistencia) disminuyó de 4.4 por ciento en 2006 a 3.8 por ciento en 2016; a nivel nacional este porcentaje es de 4 por ciento.
Pasar de promesas a hechos concretos
Diversos sectores de la sociedad han planteado empezar a pasar de las promesas de campaña a los hechos concretos debido a la parálisis económica que resiente el estado desde mediados de 2016.
Convertir en realidad el compromiso de que en un año seis meses se concluirán las carreteras a la Costa en el tramo Barranca Larga–Ventanilla, y Oaxaca-Tehuantepec, en donde se aplicarán tres mil millones de pesos, porque hasta ahora no hay avances.
Los constructores también esperan que se haga realidad la construcción de 100 mil viviendas con un precio de 500 mil pesos cada una, destinadas a los trabajadores de la educación y del sector salud.
Así como los recursos por dos mil millones de pesos para el programa de rehabilitación de escuelas, con el cual se aplicarán desde 500 mil pesos en cada una de las instituciones seleccionadas.
En todo, los inversionistas locales y foráneos advirtieron que no sólo se necesita acercar a la sociedad civil a la toma de decisiones; crear incentivos que propicien la inversión; un uso eficiente de recursos públicos, pero sobre todo generar gobernabilidad y recuperar la confianza, e invertir en infraestructura son algunos de los desafíos que enfrentan los estados. Sin Estado de Derecho difícilmente se podrán alcanzar tales objetivos.