San José Ixtápam, Jiuquila, Oax.- Viven desde hace ocho meses en estado de sitio, sin contar con servicios de salud, ni agua potable, mucho menos con profesores y obligados a recorrer un sendero de grandes pendientes, librar rocas y desniveles que dificultan el caminar hacia la localidad más cercana. Para trasladar a un enfermo o a una mujer embarazada los habitantes deben sumar la fuerza de al menos 30 personas. Los alimentos se han encarecido y los habitantes de este lugar viven bajo amenaza.
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Lo que pasa en San José Ixtápam, ranchería de Santa Catarina Juquila, es resultado de la disputa de más de dos mil hectáreas comunales que sostienen con el municipio de San Juan Quiahije que los ha llevado a enfrentamientos violentos donde han salido a relucir armas de fuego.
En julio del 2016, después de un enfrentamiento entre ambas poblaciones chatinas, se culminó con el cierre del camino por los comuneros de San Juan Quiahije a través del cual los habitantes de Ixtápam llegaban a su cabecera municipal y por el que arribaban a la población proveedores, comerciantes, médicos, profesores y programas sociales.
El sitio se amplió por comuneros de la localidad de Santiago Minas, quienes también se oponen al paso de sus vecinos. Ahora, a habitantes de Ixtápam sólo les queda un escarpado camino que, a pie o en mula, toma cubrir entre cuatro y cinco horas para llegar a la población de El Carrizal.
Las autoridades del gobierno del estado tienen conocimiento de la crisis que padecen desde hace más de ocho meses los habitantes de esta ranchería, pero a la fecha no han podido resolver un conflicto que resurge luego de una resolución del Tribunal Unitario Agrario (TUA) a favor del municipio de San Juan Quiahije.
Conflicto agrario
El secretario del Comisariado de Bienes Comunales de San José Ixtápam, Froylán Jiménez Justo, explica que el conflicto agrario data de 1981, con motivo de la resolución presidencial del 20 de agosto de ese año a favor de San Juan Quiahije.
Sin embargo, en los planos estaban comprendidos terrenos bajo la posesión de Ixtápam. Un año después, en 1982, ambas comunidades chatinas llegaron al acuerdo de respetar la resolución presidencial así como las tierras que estaban en posesión.
“Tomaron acuerdo entre todos, que en breves momentos la voz del pueblo dijeron que se ejecute la Resolución Presidencial sin modificar el plano proyecto aprobado, pero al existir posesión de terrenos de los comuneros de San José Ixtápam, que se les respete lo que hasta el momento tiene en posesión estos campesinos sin abarcar más de lo que ya vienen trabajando desde tiempo inmemorial”, se lee en el acta de asamblea de 1982.
Jiménez Justo afirma que la posesión real de su comunidad son tres mil 500 hectáreas, pero el conflicto se reavivó en 1992, cuando el TUA presuntamente falsificó el documento original de San Juan Quiahije y cede dos mil 35 hectáreas a esta última. La resolución del Tribunal fue impugnada por los comuneros de Ixtápam, sobre el cualtodavía no hay una sentencia; mientras tanto, está suspendida.
“Lo que nosotros reclamamos es que se respete la resolución presidencial, posesiones, que ellos mismos respeten su plano”, puntualiza.
Los enfrentamientos
La violencia tarde o temprano terminó por explotar. Los enfrentamientos que recuerdan, el primero ocurrió 2 de agosto de 2014; posteriormente, el 4 y 5 de enero, 6, 7 y 8de abril de 2015; el 14 de julio de 2016 y el último, el 4 y 21 de agosto del año pasado.
Según los comuneros, ninguno de los enfrentamientos ha arrojado muertos, pero sí heridos. En la confrontación del 4 de agosto de 2016, la entonces Procuraduría General de Justicial del Estado de Oaxaca, ahora Fiscalía General del Estado, confirmó un saldo de cuatro heridos.
LÍOS AGRARIOS
364 conflictos agrarios
32 son de alto riesgo
102 de mediano riesgo
228 de bajo riesgo
Desde entonces, la violencia está latente. El presidente del Comisariado de Bienes Comunales de San José Ixtápam, Bulmaro Jiménez Domínguez, afirma que los comuneros de San Juan Quiahije mantienen grupos armados a tres kilómetros de la población, sobre algunos parajes cercanos al camino y a las tierras que estaban bajo su posesión.
Por las mañanas, dice, realizan disparos con armas de grueso calibre para amedrentar a la población; en uno de esos parajes, conocido como El Guayabo, destruyeron los tres tanques de captación de agua y cortaron las mangueras, los cuales suministraban del líquido a una parte de la comunidad y a las escuelas.
A finales del mes pasado, el servicio de energía eléctrica pudo restablecerse en San José Ixtápam, el servicio fue afectado como resultado de los disparos realizados a los generadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
“Estuvimos como dos meses sin luz. Queremos que el gobierno del estado intervenga en el asunto, porque Quiahije mezcló el asunto agrario con lo social. Si nosotros tenemos problemas con ellos, estos son agrarios, no tienen por qué bloquear el camino, ni impedir el acceso de médicos, profesores, cortar el derecho al agua, a la luz”, manifiesta Bulmaro Jiménez.
Vivir sitiados
El recorrido de cuatro a cinco horas que los habitantes de San José Ixtápam deben cubrir hacia la localidad de El Carrizal ha provocado un encarecimiento de los productos de canasta básica. Quienes cuentan con una tienda deben contratar mulas para el traslado de artículos, pero eso les cuesta 300 por la renta de cada animal.
Esto provocó el incremento de los precios, al grado de que un litro de leche es más caro que un litro de gasolina; el primero cuesta a 30 pesos y el segundo, de 25 a 27 pesos depende si es magna o premium. También creció el costo de los frijoles, del maíz, de los refrescos; la actividad comercial se redujo drásticamente porque los proveedores no pueden ingresar y los campesinos, dedicados principalmente a la siembra de maíz y frijol, están impedidos de trabajar las tierras ubicadas en la zona en conflicto.
Los comerciantes que se atreven a llegar a la comunidad también deben hacerlo por este escarpado camino. Mientras que los programas sociales como Prospera y de adultos mayores sólo dejaron de llegar, y trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) han sido amenazados si intentan ingresar a San José Ixtápam. La casa de salud en la población luce sin médicos ni enfermeros.
“¿Por qué nos están tratando de esa manera, por qué nos afligen de esa manera?”, concluye Armando Crisanto Jiménez, presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Bienes Comunales, quien puntualiza el por qué se mezclaron cuestiones sociales con algo que es un conflicto agrario, el cual se dirime en los tribunales.
Trastocan derecho a educación
De la plantilla conformada por 14 profesores frente a grupo, un director y un intendente de la escuela primaria de San José Ixtapan, únicamente seis maestros acuden a impartir clases; en los niveles de educación inicial, preescolar y telesecundaria, los docentes están ausentes a causa del bloqueo al camino que mantiene San Juan Quiahije.
“Los seis que estamos aquí debemos caminar cuatro horas y los demás compañeros están en la Supervisión escolar a disposición, ellos van a laborar hasta que se abra el camino”, detalla el profesor Hilario Zárate Matías.
En esta localidad hay poco más de 500 estudiantes de educación básica. Alrededor de 21 en educación inicial, 115 en preescolar, 295 en primaria y 125 en telesecundaria.
“Como persona de la comunidad, exijo al gobierno del estado que haga todo lo posible para que contemos con el acceso al camino”, finaliza.
Abandono del gobierno estatal
El agente municipal de San José Ixtapan, Eduardo Jiménez Zurita, sostiene que el gobierno del estado ha incumplido los compromisos que ha firmado en las diversas mesas de trabajo.
La última minuta data del 11 de enero de 2017, ahí se destaca que la Secretaría de Seguridad Pública del Estado se comprometió a realizar recorridos de vigilancia en la zona de conflicto y el acompañamiento de las diversas instancias de Gobierno con sus respectivos programas, tanto federales como estatales; así como medidas de procuración de libre tránsito de la población en general.
En tanto que la Subsecretaría de Fortalecimiento Municipal “se compromete a seguir coadyuvando en la solución de la problemática presentada en la zona de conflicto”.
A la fecha, los acuerdos a los que se comprometió el gobierno del estado a través de la Secretaría General de Gobierno (Segego), ninguno se ha llevado a cabo, asegura el agente municipal Jiménez Zurita.