Tlaxcala, Tlax.- De acuerdo con los reportes del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), los presidentes municipales deberán destituir de sus cargos en los próximos días a 10 directores de obras y nueve tesoreros, quienes incumplen con el perfil académico para ocupar estos puestos, pues en su mayoría se trató solo del pago de cuotas políticas derivado de los compromisos que los munícipes realizaron en campaña con diferentes grupos.
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En el caso de los directores de obras que no son compatibles, destacan los de Acuamanala, Apizaco, Emiliano Zapata, Españita, Texoloc, Huactzinco, Tenancingo y Tepetitla; aunque llama la atención el caso del director de San José Teacalco y Santa Apolonia Teacalco, pues se trata del mismo funcionario, Allan Jesús Roa Pérez, quien dolosamente remitió sus documentos a través de los dos municipios, pero en ambos casos es incompatible.
En el caso de los Tesoreros que no cumplen con el perfil, la lista la integran los municipios de Altzayanca, Hueyotlipan, El Carmen Tequexquitla, Ixtenco, Tetlanohcan, Tocatlán, Papalotla, Sanctórum y Yauhquemehcan,
En el caso de la tesorera de Sanctórum, Lorena García Juárez, entre las irregularidades detectadas destacan que presentó una carta de recomendación falsa, pues omitió informar que trabajó en Cuaxomulco, donde tuvo algunos problemas.
En el caso de Yauhquemehcan, Gustavo García Báez, ha pregonado que es amigo de la titular del OFS, María Isabel Maldonado Textle y hasta pariente de la senadora panista, Adriana Dávila Fernández, a pesar de que no cuenta con el perfil académico, aunque su principal problema es que no informó que laboró en el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura (ITC) como Director Administrativo y fue observado por la función pública por desvíos de recursos, además de estar ligado al extesorero de Chiautempan, Miguel Prado Ahuatzi.
Oficialmente será a partir de esta semana cuando inicien con el procedimiento de notificación de las cartas de compatibilidad a los 60 municipios y el caso de los que no cumplen con el perfil, se les brindará un tiempo perentorio para que hagan otra propuesta o de lo contrario, se emprenderá otro procedimiento en su contra.