Tlaxcala, Tlax.- La secretaria de Finanzas Alejandra Nande Islas, se pasó por el arco del triunfo el exhorto del Congreso para garantizar la correcta aplicación de los recursos obtenidos de los excedentes petroleros, pues los repartió a los alcaldes sin ninguna restricción y estos los han utilizado de manera discrecional y no para obra pública y pago de laudos laborales como lo establece la Ley.
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No obstante de que fue aprobado el exhorto al Gobernador que fue aprobado por unanimidad hace poco más de dos semanas que pedía la instalación del Consejo Permanente Hacendario, a la fecha no se ha conformado el mismo y el control de los 92.8 millones de pesos del cuarto ajuste trimestral del 2016 en los recursos extraordinarios fue ignorado por la titular de la SEFIN.
Según la información a la que se tuvo acceso, esa situación refleja que el desorden financiero que existe en algunos Ayuntamientos, pues los alcaldes lejos de utilizar esos fondos para iniciar alguna obra o cubrir laudos laborales optaron por destinarlo a gasto corriente y hasta en compra de autos en lugar de gastarlos de manera adecuada.
En consecuencia, Nande Islas entregó de manera ilegal a los 60 municipios los recursos extraordinarios que las administraciones municipales salientes ya no ejecutaron y que suman 92 millones 820 mil 774.65 pesos, que a la fecha no existe la certeza que hayan sido aplicados como lo marca la ley de Disciplina Financiera.
De acuerdo al artículo 527 del Código Financiero para el Estado y sus municipios, el Consejo Permanente deberá ser conformado por nueve alcaldes de los 60, un representante del Poder Legislativo, uno del OFS y uno del Poder Ejecutivo que en este caso es la titular de la SEFIN.
El Consejo referido es un órgano de consulta, análisis, promoción y evaluación que tiene a su cargo entre otras cosas; analizar y emitir un dictamen sobre la distribución y liquidación de los pagos provisionales y de diferencia con cargo a los Fondos e Ingresos Federales.
En el supuesto de resultar positivo el primer ajuste trimestral del 2017, el Gobierno de Marco Mena caería de nueva cuenta en esa irregularidad al asignar los recursos, tras no haber conformado el Consejo Permanente Hacendario.