En el texto se propone la creación del Sistema Estatal Anticorrupción como la instancia de coordinación entre autoridades estatales y municipales competentes para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos, sistema que constará de un Comité Coordinador y un Comité de Participación Ciudadana.

De la iniciativa también destaca la creación del Tribunal de Justicia Administrativa como parte del Poder Judicial del Estado, dotado de autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y que estará integrado por tres magistrados.

Asimismo, se propone la obligación de los servidores públicos para presentar su declaración patrimonial y de interés ante la autoridad competente y de acuerdo a la ley de la materia; también, la prescripción para hacer exigible la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, cuando se trate de faltas administrativas no graves sea de tres años, y tratándose de faltas graves o particulares sea de siete años.

Finalmente, se plantea que los entes públicos estatales y municipales cuenten con órganos de control interno para prevenir, corregir e investigar actos u omisiones que puedan constituir responsabilidad administrativa.

El objetivo de la Iniciativa es armonizar la Constitución Local con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear el Sistema Estatal Anticorrupción, dentro del término otorgado a las entidades federativas.