Puebla, Pue.- El diputado federal Alejandro Armenta Mier recibió, de un grupo de académicos, una decálogo de propuestas para mejorar la seguridad ciudadana en Puebla.
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Durante una conferencia de prensa, Rubén Darío Corona Torres, Estefanie González Cervantes, Víctor Abraham Silva Savignon, Arturo Saúl Vargas Rivas y Edgardo González Arellano entregaron el texto al expriista.
Lo llamaron a elaborar “estudios longitudinales” por seis años consecutivos para observar a grupos de niños y adolescentes en riesgo de caer en conductas delictivas, de modo que se puedan generar estrategias de corto, mediano y largo plazo con cofinanciamientos públicos y privados.
También solicitaron cursos de actualización, capacitación y profesionalización de “los operadores del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes” y realizar estudios tanto sociológicos como criminológicos de la policía y sus estrategias de prevención del delito, para evaluar su impacto y generar un modelo proactivo, que involucre a toda la sociedad.
Además, llamaron a impulsar la apertura de pequeños negocios y revitalizar los barrios y zonas marginales de la entidad con mejoras en la infraestructura, como una forma de devolver la seguridad en las calles.
Igualmente, pidieron generar mayor inversión en herramientas tecnológicas de prevención, especialmente, cámaras de videovigilancia en barrios y colonias con altos índices de inseguridad.
Para la zona del Triángulo Rojo, se propuso sustituir el material con el que se fabrican actualmente los ductos de Petróleos Mexicanos, por otro que complique su manipulación, reparar inmediatamente las tomas clandestinas y ocultar los ductos con barreras físicas, entre otros esquemas de disuasión para la adquisición y compra de hidrocarburo robado.
Por otra parte, se pidió invertir en infraestructura, capacitación, actualización y profesionalización en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, y generar un concurso de plazas dentro de la Fiscalía General del Estado y del Poder Judicial del Estado, por oposición.
Aplicar evaluaciones periódicas de los usuarios de los servicios a cargo de fiscales y jueces pertenecientes al Sistema de Justicia Penal, que sirvan como herramienta para la implementación de acciones correctivas que mejoren la gestión pública en la materia.
Además, aplicar una reforma penitenciaria integral que identifique como eje rector y transversal la promoción y protección efectiva de los derechos humanos de los internos durante la ejecución de las penas o medidas de seguridad, para lograr reducir a límites tolerables la reincidencia delictiva.
Al respecto, Alejandro Armenta dijo que Puebla atraviesa una crisis de seguridad pública y subrayó que 12 mil de los 433 mil delitos cometidos en el país durante el primer trimestre del año, corresponden a la entidad.
Apuntó que sólo en los cuatro primeros meses del año, el “robo común” fue el delito más cometido con 9 mil 57 casos, en la entidad; por lo que, dijo, integrará las propuestas a un “Plan de Seguridad Humana”.