Oaxaca, Oax.- A pesar de que la construcción de las ciudades administrativa y judicial implica una inversión de 1 mil 610 millones 524 mil 45 pesos de recursos de los oaxaqueños, que se garantiza con el 20 por ciento de las participaciones federales, no existe información sobre la situación actual de ambos proyectos.
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Concebidos y edificados en la administración gubernamental de Ulises Ruiz Ortiz, en el caso de la ciudad administrativa durante 11 años se han pagado millonarios recursos a los titulares del contrato; sin embargo, la información precisa no está disponible en ninguna dependencia pública.
Respecto al caso de la denominada ciudad judicial son 8 años de pagos ininterrumpidos, sin que tampoco se conozcan los detalles de la los pagos efectuados hasta la actualidad.
De acuerdo con el informe “Deuda pública obligaciones de pago del estado y sus municipios”, elaborado por la Auditoría Superior del Estado (ASE), con la información presentada por la Secretaría de Finanzas, en relación con los Proyectos de Prestación de Servicios, “podemos establecer que se carece de información para determinar la situación actual de ambos proyectos; toda vez que no se establece cual es el saldo al 31 de mayo de 2015”.
Informa que ambos proyectos se encuentran inscritos en el registro de obligaciones y empréstitos; y la fuente de pago de ambos proyectos son las participaciones, lo que da seguridad en el pago, por parte del gobierno.
Además subraya que a partir del 16 de enero de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de Ley de Asociación Público Privadas. En el Artículo 4 fracción IV se enuncia que las obligaciones financieras derivadas de contratos relacionados con PPS no se etiquetan cómo deuda pública sino como gasto corriente.
Explica que La Asociación Público Privada (APP) es un concepto que engloba una diversidad de esquemas de inversión donde participan los sectores público y privado, desde las concesiones que se otorgan a particulares hasta los proyectos de infraestructura productiva de largo plazo.
Los PPS son un esquema particular más de la APP y su realización implica la celebración de un contrato de servicios a largo plazo entre una dependencia o entidad y un inversionista proveedor, los pagos se realizan en función de la disponibilidad y calidad de los servicios que se presten; una vez cumplidos estos criterios, el gobierno tiene la obligación de cubrir los pagos correspondientes, los cuales se registran como gasto corriente.
Asimismo, se debe demostrar a través de un análisis costo-beneficio el valor a realizar de un PPS y los riesgos asociados al proyecto son distribuidos de manera eficiente entre los dos sectores.
En el caso de la ciudad administrativa todavía faltan 4 años para concluir el pago de 350 millones de pesos más intereses que costó la obra y en la ciudad judicial todavía faltan 8 años para liquidar los 1 mil 250 millones 524 mil 45 pesos más intereses de inversión.