Teziutlán, Pue.- Dos terceras partes de un predio ubicado en la junta auxiliar de San Diego, propiedad del Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Teziutlán (Sosapatz), será rematado el próximo 7 de julio, luego de haber llegado al embargo del mismo, ya que el actual director de organismo, Enrique Sedano Bravo, se negó a pagar la deuda a quien fungió como director de la unidad de servicios jurídicos de la dependencia, Misael Vázquez Torres, al haber sido despedido sin su respectiva liquidación. Lo anterior se desprende de la sentencia de amparo 700/201 otorgada por un juez federal, derivada del juicio con base en el expediente laboral 22/2011.Hace seis años Vázquez Torres dejó de prestar sus servicios por indicación del entonces titular de la dependencia, Hugo Marín Torres, quien fue el que ocasionó el problema al no querer llegar a un arreglo, pese a que los demandantes ganaron el laudo laboral, como sucedió además con otros seis extrabajadores, con quienes su problema siguió otro curso y terminó.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
Por ese motivo, el exfuncionario inició una demanda laboral interpuesta en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) después de su despido injustificado en febrero de 2011.
El predio que está en calidad de embargado y a punto de ser rematado, el cual cuenta con la construcción de una planta tratadora de aguas residuales que nunca fue puesta en servicio, está ubicado en la sección segunda de la junta auxiliar de San Diego y su avalúo catastral arroja una cifra que supera los 4 millones 238 mil pesos, pero lo embargado es la dos terceras partes, lo que representa en recurso, poco más de 2 millones 825 mil pesos.
Posteriormente la autoridad ordenará el remate de otro pedio en donde se encuentra un tanque de agua que está sin utilizar, el cual se ubica en la sección novena del Carmen, de la junta auxiliar de San Sebastián, explicó Misael Vázquez.
Además de la cantidad arriba citada, para cubrir el 100 por ciento de la deuda falta aún contabilizar los intereses por el no pronto pago y los gastos de ejecución, sumado a lo que finque el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por concepto de capitales constitutivos, ya que la dependencia ordenó la inscripción de manera retroactiva a Vázquez Torres, pero no hubo respuesta y él calcula que podría llegar a otro millón de pesos.
El juez federal de amparo fue quien ordenó la fecha de remate, ya que –aseguró el entrevistado– el presidente ejecutor de la junta número 8 con sede en este municipio no quería señalar precisamente la fecha de remate de la primera almoneda de los bienes inmuebles embargados al Sosapatz.
Recordó que su liquidación estaba valorada en unos cien mil pesos, pero Hugo Marín Torres no quiso llegar a un acuerdo y posteriormente pese al resolutivo se negó a cubrir la deuda, y la misma postura aplicó Enrique Sedano, por ello tuvieron que llegar hasta estas consecuencias.