Tlaxcala, Tlax.- Mientras en Tlaxcala nada parece suceder, con un gobierno en “modo de pausa”, con una administración que también parece tiene condicionada su toma de decisiones a instrucciones ajenas, lo que representa un serio obstáculo para siquiera pensar en un mínimo de eficiencia gubernamental, los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, en materia de corrupción evidencian que en Tlaxcala sí está sucediendo algo, pues ubican a éste como el segundo Estado más corrupto del país.
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Derivados de la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, los datos señalan que en la realización de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante las autoridades municipales, estatales o federales, se llevaron a cabo actos de corrupción en Tlaxcala, en tal medida, que encabezamos junto con Quintana Roo las lamentables y vergonzosas estadísticas nacionales. ¿Cómo nos arreglamos?, “ayúdame a ayudarte”, “ponerse guapo”, “hay que aceitarle la mano”, entre otras frases, dicen, son muy comunes en la tierra de Xicohténcatl.
Si bien los datos corresponden al reciente 2016, no puede suponerse que por el simple cambio de gobierno estatal, esa realidad haya cambiado sustancialmente en 6 meses como por arte de magia, sobre todo considerando que la estructura de funcionarios estatales de segundo y tercer nivel sigue siendo prácticamente la misma.
Lo anterior, debe apreciarse desde la perspectiva de los “esfuerzos” gubernamentales federales y estatales por combatir la corrupción por medio de la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), en relación directa con las recientes declaraciones de Jacqueline Peschard, quien preside el Comité de Participación Ciudadana de dicho Sistema, el cual debe encargarse de realizar acciones vigilantes y propositivas hacia el interior del funcionamiento del SNA, pero que a esta fecha carece de los recursos mínimos de funcionamiento.
En el mismo sentido, mientras el Poder Legislativo Federal, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y otros órganos de diversas dependencias federales han anunciado cifras en miles de millones de pesos que destinarán al interior de sus dependencias para “combatir la corrupción”, la participación ciudadana, aquella que debería ser la principal fuerza para que se revisaran y fiscalizaran las acciones gubernamentales, así como las correspondientes para determinar responsabilidades y castigar a los malos funcionarios públicos, permanece y permanecerá, tanto legal como económicamente, completamente marginada de tener un papel sustancial en la lucha contra la corrupción.
Dicho de otra manera, el Sistema Nacional Anticorrupción, pareciera es una simulación más de quienes ejercen el poder en este país, porque están creando lo mecanismos anticorrupción controlados por ellos mismos, el cual estará materialmente impedido de revisarle y ajustarle las cuentas a quienes son sus “jefes y patrones”.
Incomprensible incluso, que a la fecha que no se haya nombrado al titular de la Fiscalía Anticorrupción, que recordemos se instituyó mediante la reforma constitucional de febrero de 2014 y que se determinó tuviese como objetivo principal, perseguir los delitos de corrupción. No ha sido nombrado porque así le conviene a quienes controlan el sistema por el momento, no es cuestión de voluntad política, es una razón de intereses de grupo y complicidades.
En este escenario federal se puede observar el reflejo de lo que será también en los Estados, el sistema anticorrupción: una sociedad atada de manos ante el imperio de las decisiones de quienes gobiernan.
Corrupción e impunidad son los lastres que la gente del Estado y del país vive, sin que ésta tenga la mínima oportunidad de combatirlas ni mucho menos erradicarlas; el pueblo, los ciudadanos, tenemos una gran responsabilidad y compromiso para cambiar las cosas y algo tendremos que hacer para lograrlo.