Por ENRIQUE QUINTANA
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Cualquiera de los aspirantes, ¿menos uno?, a la presidencia de la República debió estar celebrando.
El anuncio del hallazgo de reservas petroleras de una magnitud que podría llegar a dos mil millones de barriles le va a implicar al Estado mexicano cuantiosos ingresos.
El contrato establecido con el consorcio formado por la mexicana Sierra Oil and Gas, la norteamericana Talos Energy y la británica Premier Oil, otorga 70 por ciento de la utilidad operativa a la autoridad mexicana.
Suponiendo los precios del día de ayer, y una utilidad operativa equivalente a 60 por ciento de los ingresos (conservadora en la industria de hidrocarburos), los recursos netos para el Estado durante la vida de este yacimiento podrían ser del orden de 36 mil millones de dólares.
En términos anuales, en el pico de producción, ésta podría llegar al 8.0 por ciento del total actual, lo que implicaría, a precios actuales, una contribución al fisco del orden de 50 mil millones de pesos al año.
Quisiera ver a un gobierno –aun tratándose de AMLO– desechando estos ingresos porque no está de acuerdo con la reforma energética.
El éxito que está teniendo esta reforma, bajo cualquier parámetro internacional, no sólo va a significar un incremento de la producción de hidrocarburos, sino que puede implicar una suma de recursos fiscales que ahora ni siquiera pueden imaginarse.
Es muy probable que, sin reforma energética, estos recursos, los primeros derivados de un hallazgo importante por parte de empresas privadas, simplemente no existirían porque Pemex no cuenta con los fondos necesarios para realizar la actividad exploratoria.
Claro que se podría asignar a Pemex mucho más dinero, simplemente quitándolo a los pensionados, al gasto social o a la ya escasa inversión pública.
El discurso de que con un gobierno austero o a través de la eliminación de la corrupción va a alcanzar para todo, simple y sencillamente no se soporta.
Esta aritmética la entienden muy bien los asesores de AMLO, que no encuentran cómo explicarle al tabasqueño que sus afortunadas frases de campaña no pueden ser base para una estrategia de gasto público.
De hecho, es probable que, en lugar de celebrar, AMLO haya estado muy molesto el día de ayer, y que pronto veamos un video suyo diciendo que los hidrocarburos encontrados por empresas privadas debieran ser del Estado.
Es como aquel que reclama un premio de la lotería porque pensó comprar el billete premiado.
Una más de las buenas noticias surgidas ayer en materia de hidrocarburos fue el inesperado éxito de las licitaciones 2.2 y 2.3, apuntando al gas natural.
Parecía difícil que muchas empresas le entraran porque el bajo precio del gas en Norteamérica –uno de los más bajos del mundo– hace muy complicado el negocio en este sector. Pero, además, porque una parte importante de los bloques licitados correspondían a una zona que se consideraba intransitable por razones de seguridad hace algunos años: Burgos, en su parte de Nuevo León.
Por eso el éxito, con una asignación de siete de 10 bloques en la ronda 2.2 y de 14 de 14 en la 2.3, es indiscutible.
Los frutos de la reforma energética –como lo dijimos una y otra vez en este espacio– se van a cosechar en las dos siguientes administraciones.
Su éxito va a beneficiar a quienes ganen las elecciones en 2018 y en 2024.
Con estos resultados, me pregunto: ¿cambiará algo la estrategia de AMLO o seguirá obstinado en echar para abajo la reforma?