Tlaxcala.- Ocho meses no ha sido suficiente tiempo para que algunos titulares de dependencias estatales asuman el control de sus áreas, pues al parecer requieren de más días para aprender y dar resultados, sin embargo su proceso de aprendizaje puede tener un alto costo para la actual administración cuyo bono democrático está por caducar.
Dos áreas del gobierno estatal son las que se muestran más débiles y desgastadas ante la opinión pública. En materia de seguridad no hay resultados ni avances palpables y las mejoras en materia educativa sólo se quedaron en el discurso.
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El responsable de la Comisión Estatal de Seguridad, Hervé Hurtado Ruiz, no puede con el paquete ni podrá sacar el barco del atolladero por más intentos cibernéticos que haga. La delincuencia ya le tomó la medida al funcionario y las cifras de la incidencia delictiva así lo demuestran.
La inteligencia y la coordinación que debería existir en materia de seguridad es una quimera. En materia educativa las cosas no andan mejor, pues el programa más ambicioso de becas para estudiantes no se ve por ningún lado y muchos menos un mínimo cambio en la operación de esa dependencia a cargo del académico Manuel Camacho Higareda.
El investigador ha sido incapaz de romper la inercia negativa con que opera la Secretaría de Educación Pública. Un ejemplo más que evidente es el incumplimiento a la ley que obliga a las autoridades a entregar útiles escolares a los estudiantes.
Oaxaca.- Aunque el titular de la ASE Carlos Altamirano sigue incrustado en el gobierno “del cambio generacional”, sus horas en el poder se están agotando. Lo sabe y por eso trama una especie de venganza. Su estrategia es amenazar para que, aunque lo corran, no lo investiguen. Así como se coludió con los pastores del anterior congreso para su negocio de venta de impunidad a presidentes municipales saqueadores, ahora busca la protección del partido MORENA. De paso, quiere pasar una vieja factura a Salomón Jara quien es el comisionado nacional y, dice, hombre fuerte del partido de AMLO.
De esto se deriva, dicen los que saben, que Salomón haya ordenado una tremenda embestida mediática por medio de las redes sociales. Su objetivo es pagar la factura que debe a Carlos Altamirano cuando se negó a auditar (¿o la hizo a modo?) la SEDAFPA donde Jara desvió más de cien millones de pesos cuando fue titular.