Puebla, Pue.- Siete de cada 10 empresas constructoras que están impedidas a realizar obra pública o servicios relacionados en la entidad, son poblanas, según un reporte de la Secretaría de la Contraloría.
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En total, son 43 firmas constructoras que están restringidas para celebrar contratos para la edificación de infraestructura, de ellas 30 son originarias de la entidad y son las siguientes:
Uayeb Consultores y Constructores; Obras y Diseño MRG; Michigan Construcciones; Consortium Construcciones; Sanemi de Puebla Constructora e Inmobiliaria; MCL Corporativo; Construcciones Ruiz Rubio y Asociados; Constructora Vicesa; José Guillermo González Nolasco; Sierra Dorada Construcciones; y Proveedora de Infraestructura.
Además Suministros Eléctricos y Electromecánicos; Cocampu del Sur; JM Creando Arquitectura; Constructora García Chargoy y Asociados; Acabados Arquitectónicos Frank; Abastecimiento de Instalaciones; Constructora Taltekit; Grupo Saga Constructores; Construcciones Vasico; Arquitectura y Diseño Residenciales de Puebla; y Procesos y Maquinaria de Construcción.
Asimismo Grupo Aprofin; Constructora y Comercializadora Demi; Fernando Iván Rodríguez; En-Green; Gabriel González Bonilla; CUMANS; Construcciones y Servicios Izcalli; y Osvar Construcciones.
Según un listado de contratistas calificados y laboratorios de pruebas y control de calidad, publicado por la Secretaría de la Contraloría y actualizado el pasado 23 de agosto, estas empresas se encuentran en los supuestos de cualquiera de las fracciones del Artículo 55 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma para el Estado de Puebla.
Este artículo refiere que las empresas están impedidas a presentar propuestas o celebrar contratos de obra pública o servicios relacionados por diversas circunstancias, entre las que destacan aquellas en cuyas empresas participen los servidores públicos que intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación.
También aquellas que presenten vicios o defectos ocultos en otra obra en la que hubieran participado y aquéllas que presenten atraso en la ejecución de obra pública por causas imputables a ellos mismas.
Cabe destacar que durante la actual gestión estatal, la Secretaría de la Contraloría ha hecho una revisión física a 572 obras en proceso de ejecución, con la finalidad de constatar que sus avances vayan acorde al programa de trabajo de cada una de ellas y para verificar la calidad de los materiales que se utilizan, según lo informó el pasado viernes titular de la dependencia, Rodolfo Sánchez Corro.
En el listado de contratistas figuran otras 298 empresas constructoras con registro vigente para participar en obra pública y una más inhabilitada.