Oaxaca, Oax.- El Gobierno saliente dejará miles de personas en extrema pobreza, aseguró en entrevista con NOTICIAS, el sacerdote y defensor de los derechos humanos, Alejandro Solalinde, quien instó al ejecutivo local a culminar su administración de forma ejemplar y aceptar las medidas emitidas por la Comisión de la Verdad.
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A siete meses de que culmine la gestión actual, el activista condenó la opacidad con la que se ha impartido justicia durante los últimos seis años. El Gobierno que concluye aumentará las cifras de extrema pobreza, añadiendo a esa condición a más de un millón de oaxaqueños, lamentó.”El gobierno actual antes de irse debería dejar ese buen signo de responsabilidad… si no lo hace será lamentable y el que venga, dudo que lo haga”, agregó.
Este año, informó, Oaxaca es el segundo estado más pobre del país, tan sólo por debajo del estado de Guerrero, que aún no se repone de la crisis ocasionada por la desaparición de los normalistas.
La corrupción es un pecado
Solalinde anticipa que ninguno de los candidatos que pudiera resultar ganador en los próximos comicios para elegir a quien será el gobernador de Oaxaca durante los próximos seis años, podría resarcir el clima de injusticia que ha permanecido por más de 30 años de gobierno priista.
Pese a la crisis, precisó, la gente no entiende que debe elegir el camino de la justicia. Luego, opinó que la conciencia en la ciudadanía sobre el bien común ha emergido de una forma muy lenta, sin generar grandes cambios.
En víspera de las elecciones, el representante del albergue Hermanos en el Camino, hizo un llamado al Arzobispado para advertir a la feligresía de abstenerse a cometer delitos electorales.
“La corrupción es un pecado, como lo es cualquier acto ilícito. Lo mismo sucede con la venta de los votos que se ha vuelto tan común en estos días… Hasta parece que no entendemos, a pesar de la crisis, de la pobreza, seguimos haciendo lo mismo”, señaló.
Deben acatar medidas
Respecto a la recomendación que hiciera el organismo que preside a los funcionarios que siguen activos en la actual administración, pese a sus responsabilidades en las violaciones contra los derechos humanos de los afectados durante el movimiento de 2006, consideró que los cargos son “premios otorgados a porros que deben ser retirados de inmediato”.
“Hay muchas cosas que quedan sin cumplirse, por instituciones irresponsables manejadas por funcionarios corruptos, entre ellas la Constitución. La Comisión no es coercitiva, no es vinculante, pero tiene autoridad moral para emitir recomendaciones que quedaron claramente expresadas el 29 de febrero de este año”, dijo.
Indicó que son las autoridades y las instituciones quienes deben cumplir las medidas precisadas en el informe del organismo. Por su parte, serán los representantes del mismo quienes insistan en los exhortos a nivel nacional e internacional, para presionar al gobierno a cumplir con su deber.
Imperan crímenes e injusticias
Aunque la comunidad internacional ha brindado su apoyo para presionar al gobierno mexicano a ejercer justicia, nadie puede hacer lo que nos toca, insistió. Las recomendaciones también se emitieron a nivel federal, que por su mala gestión, carga con la responsabilidad del caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa, Guerrero, agregó.
“En el extranjero, la comunidad ha mostrado su indignación. Jefes de estado han recriminado a Peña Nieto a donde quiera que va, la desaparición de los normalistas”, recalcó.
A decir del defensor de los derechos de los migrantes, el sistema de impartición de justicia busca solamente a quién pague por los delitos que se cometen de manera impune. “El sistema de justicia ahora permite que la policía entre sin explicación a tu casa… te siembran armas y drogas, para responsabilizarte… a mí me lo han hecho dos veces”, finalizó.