Oaxaca, Oax.- La Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) ha incumplido con su responsabilidad institucional de dar seguimiento a las recomendaciones que, antes de disolverse, emitió la Comisión de la Verdad en febrero de 2016, la cual se creó para investigar los hechos que motivaron violaciones a los derechos humanos en 2006 y 2007, durante el conflicto político social a raíz del intento de desalojo al plantón magisterial en el Centro Histórico.
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De manera específica, en el punto cinco de 30 que conforman las recomendaciones en el informe “¡Ya sabemos! No más impunidad en Oaxaca”, la Comisión de la Verdad recomendó a los congresos federal y local, a la Secretaría de la Contraloría y a los Consejos Ciudadanos de dichos organismos autónomos “revisar la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Oaxaca (ahora Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca)”.
Esa revisión incluía el desempeño de titulares y visitadores de ambos órganos de 2006 a 2007, “para establecer las medidas de sanción necesarias”, toda vez que se presume la “omisión, negligencia y falta de compromiso institucional en la defensa de los derechos humanos de las víctimas del conflicto social”, como lo documentó y fundó el mismo informe.
Puntos más adelante, en el número once, la Comisión de la Verdad vuelve a mencionar a la DDHPO al referirse a las necesidades y demandas de las víctimas, las cuales “deben ser retomadas de la investigación realizada” y “atendidas en una estrategia integral otorgando recursos materiales y humanos, para la reparación integral del daño y la reconciliación con la sociedad”.
Por ello la Comisión recomendó a las instancias especializadas de la DDHPO “precisar las áreas más sensibles del daño psicosocial, aplicar la Evaluación de Calidad de Vida de la Organización Mundial de la Salud o utilizar cualquier otro método que permitan determinar, de manera fiable, las áreas más afectadas por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas y sus familiares”.
Incluso, en el punto, la Comisión recuerda los 33 agravios que enfrentaron comunicadores y la ejecución de dos periodistas, así como el hostigamiento y persecución que vivieron 20 personas defensoras de derechos humanos.
En ese contexto recomendó a la Defensoría Especializada en Defensores y Periodistas de Oaxaca “diseñar los protocolos de actuación y las medidas cautelares para que no se vuelvan a repetir estos hechos”, incluyendo medidas legislativas, administrativas y de otro índole.
Desde el punto de vista del sacerdote Alejandro Solalinde Guerra, quien presidió dicha Comisión, ninguna dependencia ni la DDHPO ha hecho caso con las recomendaciones del informe, lo que demuestra que “Oaxaca siempre ha sido y será un lugar muy insensible de las violaciones de los derechos humanos”.
Ante tantas “violaciones por omisión” lo que se necesita de la DDHPO “es un desempeño fuerte y contundente”, pero salvo pronunciamientos por lo ocurrido en Asunción Nochixtlán en junio pasado y “algunas críticas al régimen anterior de Gabino Cué Monteagudo” no se han escuchado de su consejero presidente, Arturo Peimbert Calvo, alguna postura crítica que demuestre que no “está nadando de a muertito”.