Mónaco, Mónaco.- El Principado de Mónaco, segundo país más pequeño del mundo, es algo así como un paraíso en el imaginario popular, imagen que reproducen y consolidan la prensa rosa y la económica cuando ensalzan sus opulentas virtudes. La ciudad-estado, situada en un promontorio bañado por la Costa Azul, ha sido calificada como “refugio de millonarios”. En sus glamurosas calles, suntuosos edificios y exclusivos negocios se reúne la crème de la crème, alimentando el morbo y la envidia de quienes devoran las revistas del corazón.
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En Mónaco viven algo menos de 40.000 personas; de estas, cerca de una de cada tres son millonarias, convirtiéndose así en el país con mayor número de estos per cápita.Su peculiar régimen fiscal, especialmente atractivo para las grandes fortunas, ha atraído a personalidades de más de 100 nacionalidades. El agradable clima mediterráneo, por qué negarlo, también ayuda. Un lugar ideal donde gastar aquello que no se ha de pagar al Estado.
Sin embargo, más allá de todo este lujo, también existe un Mónaco de desigualdades,aunque sea menos evidente. Como ocurre con Andorra, también de reducido tamaño, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) no dispone de datos sobre pobreza y desigualdad en territorio monegasco. Las mujeres, por su parte, están infrarrepresentadas en el Parlamento, pues ocupan solo un 20,8% de los escaños. Según el Consejo de Europa, las autoridades no publican estadísticas sobre crímenes de odio. Su Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés), puso el dedo en la llaga en su último informe sobre la ciudad-estado mediterránea (adoptado en diciembre de 2015 y publicado en marzo de 2016) respecto a la situación de la diversidad sexual y de género. La conclusión es que la riqueza de sus habitantes no está protegiendo a las personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales) de las agresiones y la discriminación, pese a la condena pública desde las autoridades y los medios de la violencia homófoba.
La publicación el pasado martes 17 del informe anual de ILGA y de su ránking de países europeos (que no se limita a los miembros de la Unión Europea) en función de la protección de los derechos de las personas LGTBI vino a confirmar las sombras de duda sobre la prosperidad monegasca: la ciudad-estado se encuentra en el puesto 45 de 49 países examinados, solo por delante de Turquía, Armenia, Rusia y Azerbaiyán. Aun admitiendo una cierta imprecisión en una comparación de esta índole, estos datos ponen sobre la mesa que Mónaco estaría más cerca de las violaciones graves de derechos humanos y la discriminación que países como Ucrania, Polonia, Serbia o Hungría, todos casos en los que la realidad de la homofobia y la transfobia han recibido mucho mayor interés mediático.
¿Qué tienen la legislación y las políticas públicas de Mónaco para situarlo a la cola de Europa en estas cuestiones? En realidad, habría que hablar de qué no tienen. La ECRI ha destacado la ausencia de estudios e información sobre el tema, lo cual dificulta la evaluación del nivel de tolerancia. Según ILGA, más allá de la libertad de expresión y de asociación, de la inexistencia de limitaciones constitucionales al matrimonio entre personas del mismo sexo y de la legislación sobre el discurso de odio, no hay nada que celebrar en Mónaco. No hablamos de criminalización, pero sí de un vacío legal que, ya sea sobre el papel o en el día a día, imposibilita la igualdad real. En una escala de cumplimiento de los derechos humanos de las personas LGTBI que fuese del 0 al 100, Mónaco estaría en el 11 (España estaría en un 70 y Malta en un 80). Además, la organización señala que 2015 no ha traído mejora en modo alguno la vida de estas personas. No parece ser un asunto urgente ni una prioridad política.
Llegados a este punto, cabe hacer una reflexión sobre nuestra mirada a la situación de los derechos humanos de este colectivo en el mundo. ¿Por qué se escapa Mónaco a nuestro escrutinio? ¿Por qué no escala a los grandes titulares, como sí lo hacen (justamente, en mi opinión) muchos países balcánicos o de Europa del Este, por poner ejemplos de países que gozan de mayor puntuación (por incorrecto que suene hablar de este modo tratándose de derechos humanos) en el monitoreo de ILGA?
Una de las razones podría ser la falta de voluntad para colorear los matices de la imagen paradisíaca y glamurosa de la ciudad-estado. No hablo de complot, sino de una inercia,una cómoda ceguera. Pero también, enlazando con esta última idea, se me ocurre que esto tiene que ver con la manera en que observamos el mundo y las sociedades que en él habitan. Quizás nos sigue costando vislumbrar la discriminación que habita entre tanto y tan reluciente bienestar material, tal y como la entendemos. ¿A quién culpamos (de la homofobia, del machismo, de la intolerancia) cuando no podemos culpar a una cultura extraña? ¿Será que entre tanto lujo y glamur no hay tiempo para pensar en derechos humanos?