Por Agencia IGAVEC
Huajuapan de León, Oax.- Miriam Liborio Hernández, titular de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), lamentó los casos de violencia política de la que mujeres han sido víctimas, como ha sido el caso de San Martín Peras en la región Mixteca y las amenazas de muerte a la presidenta de San Juan Bautista Lo De Soto, Samanta Caballero.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
Fue el pasado mes de enero, que en San Martin Peras, Gabriela Maldonado, fue golpeada hasta perder el conocimiento luego que pretendiera ser parte del cabildo en la comunidad y por lo cual hoy cuenta con medidas cautelares por parte de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.Por este caso la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca realiza una investigación para proceder contra el presidente municipal de San Martín Peras, Santiago Ramírez Cervantes y el síndico Sergio Rivera Flores, así como el responsable de las agresiones.
Para prevenir casos como estos, Liborio Hernández, celebró la iniciativa que el Gobernador de Estado, Alejandro Murat Hinojosa entregó al congreso para quitar el fuero y encarcelar a los servidores públicos que violenten o transgredan la dignidad, los derechos humanos y políticos de las mujeres, en el ámbito estatal y en los municipios regidos por usos y costumbres y donde se eligen autoridades bajo el sistema de partidos políticos.
Apuntó que por el caso San Juan Bautista, el Tribunal Electoral de Oaxaca ordenó la destitución del tesorero municipal luego que este amenazara de muerte a la edil, Samanta Caballero, para que abandonara el cargo.
“Con esto se confirma que ante la violencia política los derechos de las mujeres no son negociables, celebró los frutos positivos que ha estado rindiendo la aplicación del Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres y el marco legal correspondiente, en los casos cada vez más frecuentes, que la secretaría atiende, como el de Samanta Caballero”, dijo.
Apuntó que el SMO coordina y vigila la aplicación de la transversalidad con enfoque de género en la administración pública estatal, y por lo que todas las mujeres con algún cargo público y que de algún momento vean obstaculizada su participación deben denunciar los casos para buscar las vías legales, como demandar un Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales.
“Seguiremos trabajando con la ley en la mano, para lograr que la justicia le asista a las mujeres, en los casos donde han sido violentados sus derechos político electorales y se haga justicio como la que se logre en San Juan Bautista”, puntualizó.