Oaxaca, Oax.- A ocho meses del actual gobierno estatal aún se carece del Plan Estatal de Desarrollo (PED), que defina los objetivos y ejes estratégicos de su política pública, oriente su gasto e inversión estatal conforme a prioridades programáticas, defina metas y resultados específicos que pretende alcanzar, así como las responsabilidades y tiempos de ejecución.
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De acuerdo a la Ley Estatal de Planeación el Congreso tiene hasta 60 días naturales, después de recibir el documento, para emitir un acuerdo económico que contenga las opiniones respecto a dicho plan o bien a su actualización o sustitución; mismo que hace 15 días concluyó.
La norma jurídica precisa que si transcurridos los 60 días naturales no se emite el acuerdo económico de referencia, se entenderá que el Congreso no tuvo consideraciones que hacer al PED o a sus actualizaciones, por lo que será publicado por el titular del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, la Constitución local establece en su artículo 59, fracción LXV, como facultad del Poder Legislativo autorizar el Plan Estatal de Desarrollo.
VENCIMIENTO DEL PLAZO
El pasado 1 de agosto venció el plazo de 60 días hábiles para que el Congreso realizará observaciones o modificaciones al Plan Estatal Desarrollo 2016-2022.
En esta contradicción legal, aunque se sabe que la Constitución tiene preponderancia ante cualquier otra normal, el estado no cuenta aun con un instrumento rector de la planeación en el corto, mediano y largo plazo; elaborado con base en necesidades específicas estatales identificadas, así como objetivos generales, estrategias y prioridades del desarrollo integral del estado.
Además de previsiones sobre los recursos públicos que sean asignados a tales prioridades a través de un marco anual y/o plurianual de gasto; los instrumentos y responsables de su ejecución; y los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional.
En el actual contexto, los poderes Ejecutivo y Legislativo debe interactuar en la aprobación del PED. De tal forma que al Poder Ejecutivo le corresponde la formulación de las bases del plan, el proceso de consulta social, la formulación del proyecto y su remisión al Congreso; y a este la autorización del Plan Estatal de Desarrollo, para finalmente el gobernador ordene la publicación del decreto correspondiente, salvo que tenga observaciones.
El problema es que hasta hoy el Congreso no ha aprobado el PED y por lo tanto no se emitido el decreto respectivo y el gobernador del estado tampoco ha ordenado la publicación del mismo, porque de esta manera estaría violando la Constitución.
Los diputados locales consideran que una vez que no hay sanción pueden aprobar el PED más allá de los 60 días naturales previstos en la Ley Estatal de Planeación, el problema es que la misma norma determina que el Plan Estatal de Desarrollo constituye el marco superior a partir del cual se priorizan los programas, subprogramas, y proyectos de desarrollo estatales, en función de su impacto estratégico de mediano y largo plazo; y que el plan y los planes que de él se deriven serán obligatorios para las dependencias y entidades estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias, a partir de su publicación.
Lo que aun no sucede y ya son ocho meses de gobierno.