Oaxaca, Oax.- La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) retomó el caso de las dos mujeres policías que fueron desnudadas en el municipio de Santa Lucía del Camino, por un presunto abuso de poder del regidor de Hacienda y el director de Seguridad Pública.
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El organismo les otorgó medidas cautelares en las que solicitó al encargado de la Presidencia Municipal de esa localidad conurbada a la ciudad de Oaxaca, Carlos Girón Navarrete que pida a los servidores públicos involucrados (el regidor de Hacienda, Jorge Alberto Gamiño García; el director de Seguridad Pública, Transporte y Vialidad, Pedro Francisco Cruz; y a la policía primera encargada de vialidad, Flor de María Peralta) que emitan un informe detallado en un plazo de cinco días sobre los hechos en los que se presume violaciones a la seguridad jurídica y la legalidad.
Según consta en el expediente de la Defensoría, los hechos ocurrieron la madrugada del pasado 16 de abril cuando las agraviadas se encontraban laborando en el operativo del alcoholímetro.
Ahí detuvieron a un conductor que tenía aliento alcohólico y que de manera grosera se identificó como el chofer del regidor de Hacienda de ese ayuntamiento, funcionario que venía en el lugar del copiloto.
Según las dos policías viales esta persona les ofreció dinero para que los dejaran pasar sin realizar la prueba de alcoholemia, el cual rechazaron pero les permitieron pasar pues tienen la instrucción superior de que cuando se trate de funcionarios municipales solamente les hagan “recomendaciones” y no los detengan.
Sin embargo, narraron las afectadas que el regidor y su chofer se trasladaron al ayuntamiento para hablar con el director de Seguridad Pública, a quien dijeron que las policías viales les habían quitado dinero para dejarlos pasar.
Por órdenes de su superior, el comandante Pedro Francisco Cruz, las dos policías viales fueron revisadas de manera agresiva, con tocamientos en todo el cuerpo recargándolas en la pared, en el mismo lugar del operativo del alcoholímetro, donde las obligaron a quitarse las botas, calcetines, suéter y mostrar sus billeteras.
Al no encontrar nada, las llevaron en una patrulla a las oficinas del ayuntamiento, donde las obligaron a quitarse toda la ropa y a hacer sentadillas.
Luego de estas acciones las regresaron al lugar del operativo para que siguieran laborando.
Las denunciantes señalaron que el director de Seguridad Pública las amenazó con correrlas si no entregaban el dinero que supuestamente le habían quitado al regidor de Hacienda, ya que aún podía hacer algo para que no las corrieran, o que solicitaran su baja voluntaria para no manchar su expediente.
A estas acusaciones respondieron que no habían tomado ningún dinero pero las hicieron firmar una hoja en blanco, en la que solamente estaba su nombre.
Ante estas denuncias, la Defensoría también pidió en las medidas cautelares que se instruya a los funcionarios involucrados “se abstengan de causar a las agraviadas actos de molestia que carezcan del debido fundamento y motivos; y que, específicamente, se abstengan de coaccionar a las peticionarias para que renuncien a su empleo”.
Asimismo, que les permitieron el ingreso a su trabajo de no haber impedimento legal para ello o de lo contrario podría incurrir en responsabilidad administrativa o incluso penal.