Oaxaca, Oax.- A pesar de que el secretario de Finanzas de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), Aciel Sibaja Mendoza es acusado de haber defraudado a miles de sus propios compañeros maestros, al cobrar incuantificables ganancias a través de convenios suscritos con empresas para la compra a crédito de muebles, motocicletas, automóviles y préstamos personales, la dirigencia magisterial insiste en protegerlo y exige su libertad al considerarlo un “preso político”.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
El integrante del Comité Ejecutivo Seccional, fue detenido el paso 14 de abril por elementos de la Policía Federal de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y de la Procuraduría General de la República (PGR), acusado de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, sancionado por el artículo 400 bis, fracción 1 del Código Penal Federal.
Según el juez octavo de Distrito de Procesos Penales Federales, Sibaja Mendoza adquirió y administró recursos económicos a través de convenios ilícitos con algunas empresas por las que obtuvo ganancias incuantificables.
El secretario de Finanzas de la Sección 22 de la CNTE, celebró convenios con las empresas y el magisterio oaxaqueño, para obtener créditos en la adquisición de muebles, electrodomésticos, automóviles y préstamos personales, bajo convenios leoninos con réditos mensuales hasta en un 200 por ciento que se les descuentan vía nómina a los trabajadores de la educación.
Entre las empresas involucradas en los ilícitos, que entregaban millonarias ganancias mensuales al también integrante de la Comisión Política de la Sección 22, se encuentran, ETESA, que comercializa muebles, electrodomésticos, motocicletas, automóviles y préstamos personales en efectivo.
También se encuentran involucradas las empresas crediticias “patito”, KONDINERO, Crédito Maestro, Credi-fácil, y otras que ofrecen préstamos personales con réditos leoninos hasta en un 200 por ciento, que quincenalmente son descontados en la nómina del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), sin ninguna protección oficial a los usuarios.
También se descubrió el manejo ilegal de la Caja de Ahorro y Préstamo Personal (CAPP), que la dirigencia magisterial maneja a su total arbitrio, con recursos logrados de sus movilizaciones y cuyo monto es incuantificable, desconociéndose el destino de las millonarias ganancias que producen los intereses derivados del agiotismo sindical.
La usura sindical, propiciada por la dirigencia de la Sección 22 de la CNTE y promovida por los ex delegados sindicales de la D-III-1, D-III-4 y D-III-5, de los trabajadores administrativos del IEEPO, es investigada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, luego de que la dependencia intervino los ingresos y egresos de las empresas involucradas.