Por RAYMUNDO RIVA PALACIO
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El sistema electoral mexicano está roto. Existen sus instituciones, el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, con sus leyes, normas y reglas, sus sistemas de monitoreo y fiscalización para que nadie juegue en las condiciones injustas e inequitativas que son factores tóxicos en los sistemas democráticos. El sistema, se han quejado los especialistas, está sobreregulado, pero tiene como bases evitar que los partidos que tienen más y mayor acceso a los recursos desequilibren los procesos y, al mismo tiempo, establecer parámetros tan estrictos que, quienes sin tener esas posibilidades financieras tienen el arrastre electoral suficiente para derrotar a los Goliat del sistema político mexicano, puedan ser acotados y deshidratados en su financiamiento, con lo que se reducen sus posibilidades de triunfo. Las reglas son tan rígidas que sucede algo obvio: se pueden romper.
En las elecciones para gobernador en 12 estados del país este domingo, las contradicciones del sistema electoral llegaron a su contradicción máxima. Los partidos políticos que construyeron este andamiaje electoral lleno de muros y obstáculos infranqueables, descubrieron tardíamente que sus obsesiones personales los llevaron a morderse su propia cola. No legislaron para flexibilizar las normas y que su elasticidad fortaleciera al sistema, sino que aceleraron su perversión y lo rompieron. No hay todavía datos cuantitativos de la guerra suciaelectoral en las campañas en 2016, pero la evidencia empírica señala que este proceso es el más ilegal que se haya registrado en tiempos democráticos.
Los partidos construyeron un sistema, decían, para defender la democracia, pero terminaron tirándola a la basura. Un ejemplo claro de la perversión de su iniciativa es el modelo de difusión de spots. Crearon un mecanismo para que cada partido tuviera que presentar ante el INE los spots que iba a difundir, a fin de que este órgano los colocara en tiempos oficiales. El INE los publicaba en su página de internet antes de que los medios comenzaran a transmitirlos, y cuando los partidos rivales los veían y sentían que los denigraban, difamaban o sencillamente que su contenido los dañaba, no tenían opción de contrarrestarlos con otro spot, porque cuando el suyo fuera autorizado y transmitido, días después, el daño ya estaba hecho. Ante la imposibilidad de defenderse o contratacar, recurrían al Tribunal Electoral para evitar su difusión. Sin embargo, aun si conseguían que el Tribunal lo prohibiera e impidiera su difusión en los medios, el spot ya había sido compartido en las redes sociales, causando el impacto que buscaban evitar que tuviera.
Las leyes y las normas que inventaron, por tanto, no servían a sus intereses. Es cuando decidieron darle la vuelta a la ley y escalaron las perversiones electorales. El estratega de dos de los grandes partidos nacionales –según sus intereses particulares trabaja indistintamente para cada uno de ellos– compró la versión clon del portal deAnonymous para utilizarlo como vehículo para difundir grabaciones ilegalmente hechas con el propósito de golpear a candidatos y desacreditarlos. Ese portal pirata, sin embargo, es sólo el vehículo. ¿Quién hace la minería de datos para alimentarlo? No se sabe. Lo que sí se puede ver es que hay recursos suficientes para escarbar en el pasado olvidado de aspirantes a puestos de elección popular y presentar acciones o declaraciones comprometedoras en un contexto electoral que no tiene nada que ver con aquél en donde se dieron originalmente.
Hace unos días sucedió esto con una videograbación tomada hace una década, y presentada sin mayor explicación como actual. ¿Quién realiza las grabaciones ilegales? Tampoco se sabe. Lo que sí es evidente es que hay quien invierte mucho dinero no sólo en las grabaciones ilegales –hay tantos dispositivos que no es un costo oneroso–, sino en mantener un equipo que está escuchando permanentemente los teléfonos de sus objetivos y analizando qué material sí puede ser explosivo y utilizado en su momento contra él o la adversaria. Estos equipos humanos sí cuestan dinero. Pero este no es el problema.
El dinero parece ser lo de menos. Un reporte de la consultoría Integralia publicado ayer jueves por EL FINANCIERO, reveló que en las elecciones federales en 2012 y 2015, hubo un aumento promedio de 33 mil 165 millones de pesos en el flujo de efectivo durante los meses previos a la celebración de elecciones federales, que “pueden dar una pista del dinero usado para financiar campañas de forma ilegal, (y) aunque la ley ha puesto candados para que las operaciones se bancaricen, muchos gastos de campaña se pagan en efectivo, ya sea porque los fondos provienen de fuentes ilegales, porque se usan para pagar actividades proscritas por ley o para evitar rebasar los topes de gastos de campaña”.
Todas estas actividades ilegales perpetradas por los partidos fueron legisladas y aprobadas por los mismos partidos. Al no funcionar para sus propósitos, que era mantenerse en el poder o acceder a él, decidieron violar las leyes y las normas. Con ello han demostrado la ineficiencia del sistema electoral que crearon en el último lustro y lo ineficaz e inoperante del modelo bajo el cual se administran las elecciones en México. El sistema está roto y repararlo no parece posible. Una vez probada su eficiencia, ¿por qué regresar a lo que no sirve? El dilema es qué hacer para adelante. Lo más probable es que los partidos no hagan nada por cambiarlo. La sociedad tendrá, una vez más, que obligarlos.