Tuxtla Gutiérrez, Chis.- La decisión que tomó el Gobierno federal, de suspender cualquier tipo de proyecto en las Zonas Económicas Especiales (ZEE), fue acertada porque se trató de la panacea del sexenio anterior que nunca prosperó, consideró el presidente del Consejo Empresarial para la Productividad, Rafael Castillejos Guízar. Aunque el Consejo coordinador Empresarial de Chiapas considera que esta decisión significa un duro golpe a la economía de la entidad.
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Castillos Guizar, entrevistado sobre el tema, consideró que fue una política pública que solamente funcionó en el papel, porque no hubo beneficio alguno para los chiapanecos.
El empresario local opinó que se trató de un “supuesto desarrollo” y no se hizo nada “fuera de un show”, promesas o que se colocara el asunto como un tema político.
Sumó en que todo se quedó en buenas intenciones para la inversión, pero lo que sí se hizo fue un derroche de gasto corriente o protocolos de escrituración del polígono.
Organismos
Sin embargo, Óscar Alejandro Figueroa Gutiérrez, presidente en Chiapas del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aseguró que habían contratos firmados de empresas que estaban dispuestas a invertir y que la decisión del Gobierno federal sí impactaba en la economía de la entidad.
Continuó: “Es un duro golpe a los planes de desarrollo para estas regiones y los estados donde se ubican; representa además un evidente deterioro a la economía y finanzas de las empresas que confiaron e invirtieron en estos proyectos, situación a la que habrá que hacerle frente y resolver de la mejor manera el tema de cumplimiento de contratos”.
Agregó que, si existen casos de corrupción comprobables como lo señala el Gobierno federal, hay que castigar a los responsables, pero no puede ser este el motivo de la cancelación de estos proyectos.
En un escenario de economías globalizadas, dijo, la confianza juega el papel más importante en la atracción de inversiones para la generación de empleos.
Pidió a los gobiernos federal y estatal informen las razones del por qué la decisión de la cancelación; también solicitaron en conocer qué planes se tienen de reactivación económica en el corto, mediano y largo plazo para Chiapas, mismos que permitan generar empleos y hacer frente al grave problema de crisis migratoria que se vive.
Posturas
Este tema generó una serie de reacciones por parte de la clase política. Por el ejemplo, el excandidato a la gubernatura de Chiapas, Roberto Albores Gleason, manifestó que cancelar las ZEE destruye una “posibilidad real de atraer industria y generar empleos para nuestro estado”.
También se sumó al pronunciamiento en contra de López Obrador el exgobernador provisional de la entidad, Willy Ochoa Gallegos, quien calificó la decisión del mandatario federal como un “retroceso en el desarrollo de la región, trabajemos para generar confianza, no incertidumbre”.
En este sentido, Castillejos Guízar aseguró que, para que la Zona Económica Especial funcionara (particularmente la de Puerto Chiapas), se tenía que integrar con los elementos correctos y no seguir con las improvisaciones al colocar a personas que no estaban capacitadas para el proyecto.
Añadió que como Consejo, no se prestaron para aplaudir acciones sin rumbo, pero sí promovieron modificaciones a la Ley de la ZEE, en el sentido de colocar a personas capacitadas para la generación de inversiones y que los proyectos federales se adecuaran a las necesidades de la entidad.
Calificó la estrategia implementada el sexenio pasado como un “elefante blanco” y que, administrativamente, implicó un gasto terrible.
El presidente del Consejo Empresarial para la Productividad lamentó que otros organismos empresariales aplaudieran (Canacintra y Coparmex) una decisión gubernamental que prometía beneficios a 20 años, pero todo quedó en un discurso político.
Contexto
Fue en septiembre de 2017 cuando Enrique Peña Nieto, en ese entonces presidente del país, emitió la Declaratoria de la Zonas Económicas Especiales (ZEE), que incluían a Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas y Coatzacoalcos; en ese momento se informó que con eso el sur del país recibía una herramienta para salir adelante.
Incluso se inauguraron 92 hectáreas y se presumió el beneficio para 15 mil personas de manera directa e indirecta, con el arranque de 15 proyectos de agroindustria. Se esperaban 12 mil empleos con inversiones iniciales por arriba de los cinco mil 300 millones de dólares, situación que nunca ocurrió.