Por CARLOS JESÚS RODRÍGUEZ
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Cuando se mata a un periodista se asesina una parte de nosotros mismos, porque se ejecuta, también, la independencia y el libre albedrío de la sociedad de pensar diferente y expresarse, ya que la prensa, como decía el reconocido escritor británico, Hans Dietrich Genscher, es la artillería de la libertad y la voz de los que carecen de tribuna. Duele, sin duda, cualquiera que haya sido el motivo de un crimen, porque no existe uno suficientemente razonable para cegar la vida de cualquier persona, y en tratándose de un comunicador que se empeña en desnudar la corrupción y denunciar los crímenes que afectan a la sociedad, se acribilla la evidencia y solidaridad que deberían ser claves para que los profesionales de los medios de comunicación fuesen protegidos por el Estado y se convirtieran en promotores de un mundo mejor. Y es que lastima ya no tener entre nosotros al columnista Ricardo Monlui Cabrera, asesinado el domingo 19 de Marzo del año pasado en Yanga; a Edwin Rivera Paz, periodista hondureño ejecutado el domingo 9 de Julio del mismo año, a plena luz del día en Acayucan -Rivera Paz era refugiado en México, por miedo a represalias tras el asesinato en Honduras de su compañero de trabajo Igor Padilla-. Al modesto reportero Cándido Ríos Vázquez, acribillado la tarde del 22 de Agosto en el municipio de Hueyapan de Ocampo junto con otras dos personas, y quien, por cierto, se encontraba incorporado al Mecanismo para Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación según el parte de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de Periodistas. A Gumaro Pérez Aguilando, masacrado la tarde del martes 19 de Diciembre dentro de la escuela primaria “Aguirre Cinta” de Acayucan en presencia de sus hijos, esposa y decenas de padres que acudieron para participar en un festival navideño, y ahora Leobardo Vázquez Atzin, ultimado la noche del jueves -21 de este mes- en el municipio de Gutiérrez Zamora, desde donde cubría información general que antaño publicaba en la Opinión de Poza Rica, más tarde en Vanguardia, un diario que circula en aquella región y, últimamente en portales de su propiedad, y aunque tenía un puesto de tacos que solía atender por las noches en su vivienda ubicada en la colonia El Renacimiento, municipio de Gutiérrez Zamora, llevaba 15 años ejerciendo el periodismo, ya que el oficio no es, precisamente, una mina de oro.
Ya la presidenta de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP), Ana Laura Pérez Mendoza, dejó en claro que la muerte del comunicador está relacionada con su trabajo. “Por la información que tenemos esa es la línea más fuerte, porque había recibido amenazas recientemente, pero desafortunadamente no se había contactado con nosotros, y eso lo lamentamos mucho”, y agrega –tras el intento de desvirtuar su quehacer por las autoridades al llamarlo comerciante de comida o, despectivamente “taquero”-, que han estado aportando a la Fiscalía Estatal las últimas publicaciones de Leobardo Vázquez, destacando algunas en las que había estado publicando sobre la invasión de terrenos privados y el involucramiento de varios personajes, entre ellos autoridades de la anterior administración de Tecolutla y, también, de un notario público y cierta asociación. El reportero había recibido amenazas vía Facebook, y aunque ya había dejado de colaborar en la Opinión de Poza Rica y en Vanguardia, seguía trabajando como comunicador en su modesta página Enlace de Gutiérrez Zamora en los últimos meses.
Sin duda, el sexenio de Javier Duarte de Ochoa fue un infierno para los periodistas, ya que en total se contabilizaron 17 asesinatos de comunicadores, además de una docena de exiliados y al menos 6 desaparecidos, pero en lo que va de este bienio ya suman cinco reporteros asesinados a mansalva, además de dos heridos, en este caso Armando Arrieta Granados que sobrevivió a graves heridas de bala cuando arribaba a su domicilio en Poza Rica tras cumplir con su jornada de trabajo, y Alan García Zúñiga, corresponsal de un medio porteño baleado, también, en aquel municipio cuando circulaba en su auto.
Con el alevoso asesinato de Leobardo Vázquez Atzin –que será sepultado el viernes a las 3:00 de la tarde en el panteón de la “Santísima Trinidad” de Papantla, de donde era originario, y donde está siendo velado-, suman 22 comunicadores asesinados en los últimos 7 años en territorio veracruzano: 17 durante el gobierno del, ahora, reo, Javier Duarte de Ochoa y cinco en el primer año y cuatro meses de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, y como homenaje a la memoria de todos ellos, los recordaremos publicando sus nombres para que no se nos olviden, y para que sus nombres laceren la escasa conciencia de quienes ordenaron esos viles asesinatos: Noel López Olguín, Miguel Ángel López Velasco, Misael López Solana, Yolanda Ordaz de la Cruz, Regina Martínez Pérez, Guillermo Luna Varela, Gabriel Huge Córdova, Esteban Rodríguez Rodríguez, Ana Irasema Becerra Jiménez (empleada administrativa de medios), Víctor Manuel Báez Chino, Gregorio Jiménez de la Cruz, Moisés Sánchez Cerezo, Armando Saldaña Morales, Juan Mendoza Delgado, Anabel Flores Salazar, Manuel Torres González, Pedro Tamayo Rosas, y los que han ocurrido en este bienio: Ricardo Monlui Cabrera, Edwin Rivera Paz, Cándido Ríos Vázquez, Gumaro Pérez Aguilando y el más reciente, Leobardo Vázquez Atzin.
A todos ellos nuestro respeto perenne, y a las autoridades que cumplan con su trabajo, porque no se respeta a un Gobierno en cuya gestión se sigue asesinando periodistas, sean del calibre que fueran, y así tengan que completar el gasto como taqueros, taxistas o en actividades alternas, sobre todo en estos tiempos, cuando a pesar de que existe un rubro del presupuesto Estatal para difundir y promover las acciones de Gobierno, el Estado prefiere usarlo en contratar redes sociales y empresas internacionales antes que aterrizarlo en medios de comunicación locales. Por ello no es fortuito que algunos colegas que ejercen el periodismo lo hagan a medias, y que sus ratos libres los ocupen para otras actividades que les permitan ingresar recursos adicionales, como la venta de joyería, negocios de comida, de zapatos y ropa o como taxistas que, al final del día, son empleos honestos, sobre todo cuando se tiene familia que mantener, hijos que enviar a la escuela o papás que dependen de ellos. El periodismo en estos días ya no es de tiempo completo, deberían saber las autoridades, por lo que deberían evitar soslayar las líneas de investigación que apuntan al trabajo reporteril como causales de un crimen. Y es que el hecho de restar méritos a un reportero solo porque tiene otra actividad alterna que le permita completar el gasto, puede suponerse vil. OPINA carjesus30@hotmail.com
*Esta es opinión personal del columnista