Por ENRIQUE QUINTANA
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Las organizaciones del sector privado le mandaron un mensaje a la CNTE pero para que lo escuche el gobierno: ¡ya basta!Si el bloqueo de las vías públicas puede ser catalogado como un delito, ¿por qué llevan semanas de cometerse delitos por parte de la CNTEsin que haya una consecuencia legal?
Pruebe usted atravesar un vehículo en la vía pública y verá cómo a usted le aplican la ley ipso facto.
Además de cometer un delito, los bloqueos han tenido afectaciones económicas muy serias para empresarios, comerciantes, transportistas y también para los consumidores.
Por esa razón es que se entiende perfectamente la molestia del sector privado al observar cómo hay dos raseros en la aplicación de la ley, y ese hecho genera pérdidas para quienes sufren las consecuencias de los bloqueos.
La razón para no aplicar la ley en el caso de la CNTE se puede explicar –entre otros factores– por algo que algunos han denominado ‘el síndrome de 1968’.
El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, así como el de Alfonso Corona del Rosal en la Ciudad de México, hicieron un uso desmedido e irracional de la fuerza, y lo que quizá podría haberse resuelto de una manera rápida y sin consecuencias, se convirtió en uno de los movimientos sociales más grandes y sangrientos del México moderno.
Por esta razón, cuando se trata de movimientos estudiantiles o magisteriales que violan la ley, el gobierno tiene en sus genes el temor de no poder controlar el uso de la fuerza y teme que se produzca un movimiento a una escala mucho mayor.
Pero además, el uso legítimo y legal de la fuerza, que debe ser monopolio del Estado en las democracias, genera en el gobierno mexicano una ‘mala conciencia’.
Existe el temor de ser señalado como un ‘gobierno represor’, y de dar lugar a protestas casi en cualquier parte a la que acuda el presidente de la República.
Por esa razón, se le dan mil y un vueltas a la decisión de hacer uso de la fuerza y levantar los bloqueos, además de proceder legalmente contra quienes los realizan.
El problema es que ante este comportamiento del gobierno,movimientos como la CNTE le toman la medida. Por eso hacen como que dialogan, pero realmente no están en disposición de ceder en nada.
Le decía en el primer párrafo de este artículo que el ¡ya basta! lanzado por los representantes del sector privado, aunque dirigido formalmente a la CNTE, en realidad va para el gobierno.
Decía a sus allegados el legendario Fernando Gutiérrez Barrios, cuando le tocaba lidiar con conflictos diversos, que lo primero era la gobernabilidad del país y ya después se trataban de acomodar las decisiones al marco legal.
Así se ‘fabricó’ la aprehensión de La Quina y otras decisiones.
El mundo ha cambiado. Si en esos tiempos hubiera operado la CNDH o la CIDH, o el Poder Judicial tuviera la independencia de hoy, tal vez el líder petrolero hubiera salido de la cárcel a los pocos meses.
El acertijo es complejo. ¿Cómo hacer para disolver –en caso de no poder resolver– el conflicto, sin que escale y sin que la aplicación de la ley produzca un nuevo y mayor conflicto?
La solución no es sencilla, pero en eso consiste gobernar, ¿o no?