Xalapa, Ver.- Ante la denuncia del Partido Acción Nacional (PAN) sobre un posible endeudamiento por parte del Gobierno del Estado con 20 mil millones de pesos más, Hilario Barcelata, titular del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, informó que esto sería posible con la cantidad de 17 mil millones de pesos.
TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR
Dio a conocer que el año pasado el Congreso del Estado aprobó créditos por más de 21 mil millones de pesos y sólo se ha reconocido que utilizaron 5 mil millones.
El doctor en economía de la Universidad Veracruzana señaló que podría contratarse otros 17 mil millones de pesos debido a que se encuentran aprobados por la actual legislatura.
Dos de estos créditos que se aprobaron y no se han contratado se encuentran respaldados con el Impuesto a la Nómina y al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social (FAIS). Mientras que pudieron utilizar el crédito de más de 4 mil millones respaldado por el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).
“Ya no hay que volver al Congreso a que pedir que apruebe esos recursos de manera que si el gobierno quisiera contratar esa deuda, la puede contratar, ya la tiene contratada”, dijo en entrevista previa a su conferencia.
Hilario Barcelata explicó que al contratar los créditos era un plan para endeudarse mas no una reestructuración de deuda, sin embargo debido a que los préstamos se encuentran aprobados el Gobierno del Estado los puede usar sin dar a conocerlo.
Barcelata Chávez Recordó que el Gobierno del Estado también puede solicitar crédito de corto plazo por 5 mil millones de pesos sin permiso del Congreso Estatal que se deben pagar hasta finalizar el periodo de la administración.
Hilario Barcelata indicó que por la relación que el Gobierno del Estado tiene con los bancos es posible que se otorguen estos créditos.
El catedrático de la Universidad Veracruzana Agregó que la Ley de responsabilidad hacendaria para evitar que los Gobiernos del Estado adquieran nueva deuda al finalizar cada administración acaba de entrar en vigor, pero establece límite y flexibiliza para que los Estados puedan incrementar su deuda hasta 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).