La medición realizada por el PNUD en 2000 indicaba que el 22.5% de la población de áreas rurales y urbanas del país se enmarcaba dentro de los parámetros de pobreza extrema —aquellas personas con ingresos entre US$1.25 y US$2.5 diarios (entre Q.9.50 y Q19)—. Y once años y tres gobiernos después (de Álvaro Arzú a Álvaro Colom), la cifra subió hasta el 27.2%.
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Los datos de pobreza ultra extrema (las personas con ingresos inferiores a US$1.25 diarios) también se incrementaron. De representar al 11.8% de la población, pasaron a ser el 13.9%. Además, Guatemala es el único país de la región en el que la clase media disminuyó: del 12.3% en 2000, se redujó al 9% en 2011.
Gustavo Arriola, coordinador del Informe Nacional de Desarrollo Humano de Guatemala, traduce estos porcentajes a números de ciudadanos: “Aproximadamente tres millones de personas pasaron a estar en estos años en una condición de pobreza. De seis millones en 2000, se subió a nueve millones en 2011”, explicó en la presentación. “Esto está muy relacionado por una parte con la desigualdad y por otra con la falta de protección social”, agregó..
El informe del PNUD alerta que en América Latina y el Caribe, la población que en los últimos años superó las líneas de la pobreza está en una situación de vulnerabilidad y podría recaer, al no lograr mantener su poder adquisitivo. En Guatemala, estas personas representan el 27.4% de todo el país, unos 4.1 millones de guatemaltecos.
Para ello, el programa detalla la necesidad de cambiar los parámetros de medición del bienestar de la población y propone que éste no dependa únicamente del Producto Interior Bruto (PIB) y de los ingresos de las personas. George Gray Molina, principal autor del documento y economista en jefe de la organización, lo resume así: “No todo tiene que ver con tener, sino con ser: con ser libre, con poder tomar decisiones”.
La propuesta del PNUD consiste en fortalecer cuatro aspectos: la protección social, los sistemas de cuidado, los activos físicos y financieros y la calificación laboral de las personas.
Guatemala ha fallado también en este sentido. Arriola recuerda que en el país “no hay mecanismos que protejan a la gente cuando queda desempleada, ni mecanismos que favorezcan la inserción laboral”. “Depende el Estado garantizar estas opciones, y en los últimos años, no se ha hecho”, concluye.