Puebla, Pue.- Enrique Peña Nieto, presidente de México, firmó una iniciativa el 17 de mayo para favorecer la unión entre personas del mismo sexo. La iniciativa ya llegó al Congreso de la Unión y tendrá que someterse a votación. Ésta consta de dos puntos centrales: reformar el artículo 4° constitucional y modificar varias disposiciones del Código Civil Federal.
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El artículo 4° reconoce los derechos humanos. Ahí se señala, entre otras cosas, que hombres y mujeres son iguales ante la ley, que todos tienen derecho a una vivienda digna y a la protección de la salud. El artículo también dicta que “[la ley] protegerá la organización y el desarrollo de la familia”.
Lo que la Carta Magna no especifica es qué tipo de familia debe protegerse. En este sentido, la Constitución norma que las personas no pueden ser discriminadas por su orientación sexual.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación(SCJN), en junio del 2015, ya emitió una jurisprudencia en la que acusa deinconstitucional cualquier ley que reduzca elmatrimonio a la “unión entre un hombre y una mujer”.
Entonces, el máximo tribunal mexicano ha reconocido que las minorías sexuales tienen derecho a casarse y, por ende, a formar una familia. La iniciativa de Peña Nieto solo busca que la jurisprudencia de la SCJN se haga presente, de manera explícita, en la Constitución. Esto no generaría que el matrimonio igualitario sea una realidad en todo el país. Al final, se trata de algo que depende de los estados y de sus códigos civiles.
En entrevista con Poblanerías en línea, Brahim Zamora, miembro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), explica los recovecos legales:
La Constitución da planos generales, pero no dicta procedimientos ni leyes específicas, sino que es el marco normativo. Para lo que ayudaría la iniciativa de Peña Nieto es para que los congresos de los estados tengan que modificar también sus constituciones y asegurar que sus códigos civiles estén libres de discriminación.
El presidente tiene injerencia en el marco constitucional. Con la reforma, ya no se tendría que recurrir a los amparos porque a lo que se tendría que recurrir, en un estado que se resista a modificar su código civil, es a una acción de inconstitucionalidad”.
Peña Nieto incluye en su plan de reforma la legalización de la adopción para personas no heterosexuales. En el documento que envió al Congreso puede leerse lo siguiente:
La orientación sexual de una persona o pareja que pretende adoptar, no puede ser considerada como un elemento que se contrapone, per se, al respecto de aquél principio del interés superior de la niñez”.
El estado de Puebla cuenta con un código civil que restringe los derechos de la comunidad Lésbico Gay Bisexual Transexual Transgénero Travesti e Intersexual (LGBTTTI). En el artículo 294 del código, se encuentra esta definición de matrimonio:
Contrato civil, por el cual un solo hombre y una sola mujer, se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia”.
Activistas del LGBTTTI, siguiendo los pronunciamientos de la SCJN, exigen cambios a esta definición. Sectores conservadores de la sociedad se oponen. El pasado 3 de julio se llevó a cabo una marcha, que recorrió Puebla, convocada por el Frente Nacional por la Familia.
Eugenia González, psicóloga que coordinó los esfuerzos de la marcha, no está de acuerdo en que se legisle a favor de las minorías sexuales. Para ella, la orientación sexual concierne únicamente al ámbito privado:
La diversidad sexual no existe, solo hay sexo masculino y femenino. Lo que sí existe es la preferencia sexual, que es un comportamiento que se encuentra en el ámbito de la intimidad de cada persona. Debe ser respetada, pero no por ello legislada.
La ideología de género […] no beneficia al sano desarrollo de las personas y por consecuencia a la sociedad, ya que rompe con el orden natural de la vida y la misma naturaleza”.
Onán Vásquez, miembro del movimiento LGBTTTI y coordinador de Vida Plena Puebla, acusa que los diputados poblanos no actúan a favor de la igualdad. Está convencido que la Iglesia Católica se ha inmiscuido en una decisión política:
En Puebla la situación sigue siendo adversa. Lo estamos viendo con las actitudes que toman este tipo de marchas [en referencia a la Marcha por la Familia] apoyadas por el Arzobispado. Sabemos bien que el obispo [Víctor Sánchez Espinosa] es un magnífico operador político en el Congreso del Estado, que se ha revelado a la Suprema Corte de Justicia negándose a modificar el código civil”.
Alma Laura del Castillo, representante del grupo Mujeres Lesbiviendo, está de acuerdo con esta percepción:
En Puebla, la Iglesia es la que manda. Creen que nos están haciendo un favor que, pensándolo bien, no nos lo van a hacer. No nos están haciendo ningún favor. Estamos exigiendo que no se nos trate como ciudadanos de segunda”.
Tres entidades son las que han reformado su código civil para facilitar la unión homosexual: laCiudad de México en diciembre del 2009, Coahuila en septiembre del 2014 y Nayarit en diciembre del 2015. Quintana Roo tiene un código que, de por sí, no limita el matrimonio a un contrato heterosexual.