Puebla, Pue.- El gobernador Antonio Gali Fayad afirmó que en Puebla no se privatizará el agua y confío que no prosperará la controversia constitucional que presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el presidente municipal de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, en contra de la reforma a Ley del Agua.
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Aunque no mencionó su nombre, el mandatario estatal acusó al edil cholulteca de lucrar con este tema e incluso consideró que son motivos y cuestiones políticas las que estén originando la discusión de esta reforma.
“Lo digo categóricamente: no se privatizará el agua de ninguna manera y no se vale que estén lucrando y distrayendo a la población y a la sociedad con este tipo de cosas”, pidió el gobernador.
En una entrevista que ofreció después de inaugurar espacios educativos en el Complejo Cultura Universitario (CCU), el titular del Ejecutivo local consideró que la SCJN no favorecerá al gobierno de San Pedro Cholula, puesto que la reforma solamente busca garantizar el derecho al agua a todos los poblanos, tal y como está establecido en la Constitución de México.
“No hay tal privatización del agua, yo estoy seguro que la Corte cuando vea esta Ley de derecho al agua como está en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, y que se decide poner en la Constitución política de nuestro estado pues se verá que es el derecho que tienen los ciudadanos al agua y obviamente la garantía que les tiene que dar el gobierno”, dijo.
Gali Fayad insistió que no se debe lucrar y distraer a la población con esta modificación a la Ley del Agua, cuya discusión consideró que ha sido originada por cuestiones políticas.
Hay que destacar que el pasado 15 de febrero el jefe de la oficina del gobernador, Javier Lozano ya había salido en defensa en las modificaciones legales al manifestar que no busca privatizar el derecho a este vital líquido, como lo ha denunciado el alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa, a quien por el contrario acusó de cobrar 6.4 millones de pesos en 2016 por el servicio de saneamiento de agua a pesar de que el Ayuntamiento no lo brinda, lo cual constituye el delito de concusión.
En ese entonces, el edil refutó que sí se está orquestando una privatización y atribuyó el posicionamiento de Lozano Alarcón al nerviosismo que existe de parte del gobierno estatal por la controversia constitucional presentada por su Ayuntamiento en contra de dicha reforma.