Tuxtla Gutiérrez, Chis.- Apenas en 2014 el Congreso de la Unión a través del Diario Oficial de la Federación decretó la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, por lo que se reformaban diversas disposiciones de la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.
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Según la publicación emitida el 4 de diciembre de aquel año, la ley es de orden público, interés social y observancia general en el territorio nacional, teniendo por objeto el reconocer a las niñas, niños y adolescentes como titulares de derechos; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de sus derechos humanos; crear y regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, entre otros.
Sin embargo, y pese a que de acuerdo al artículo 3 de la Ley, la federación, los estados y municipios concurrirían en el cumplimiento de la misma, por lo menos en el sur del país la realidad dista de la disposición decretada por el aparato legislativo federal en 2014.
Esto, al hacer mención de las declaraciones de la oficina en México del Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), que, en colaboración del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), precisaron que en la región sur-sureste de México más del 60 por ciento de los niños, niñas y adolescentes viven en condiciones de pobreza.
El documento reconoce que gracias al suministro de hierro, ácido fólico y vitamina A, la situación nutricional de los niños en México ha mejorado.
No obstante, 1.5 millones de niños y niñas menores de cinco años presenta desnutrición crónica. En zonas rurales, uno de cada tres niños padece esta condición y en los menores indígenas la tasa es más del doble que en los menores no indígenas.
Otro de los temas que refleja la falta de acciones y atención al sector infantil por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno es el de la salud, toda vez que, la tasa de mortalidad en los niños y niñas menores a los cinco años continua siendo alta en estados de esta región como son Chiapas, Puebla, Oaxaca y Guerrero. Más de una cuarta parte de los menores de un año carece de accesos a los servicios de salud.
Asimismo, la educación revela lo contrario a lo que la Ley General de Prestaciones de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil pretende, ya que, a pesar de que la matriculación en las escuelas primarias es casi del 100 por ciento, aún existen 6.1 millones de niños entre 3 y 17 años que no van a la escuela.
Aunque la Unicef reconoció que este país lleva un avance importante en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) en cuanto al tema de los derechos de la niñez, reveló que los niños pertenecientes a las zonas rurales, comunidades indígenas y de los municipios con menos índice de desarrollo humano, se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.