Panamá, Panamá.- Si las revelaciones de los “Papeles de Panamá” provocaron una gran gripe en el mundo, Panamá no se recupera de la pulmonía, agravada por la decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de incluir al poderoso grupo económico Waked en la “Lista Clinton” por lavar dinero para el narcotráfico.
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Lo que sería una fiesta, la ampliación del tercer juego de esclusas del Canal, anunciado para el 26 de junio, se ensombreció con dos escándalos que han sacudido a la opinión pública panameña y al sistema financiero.
A pocas semanas de haberse publicado miles de documentos que pusieron en jaque a empresarios, deportistas de élite, famosos del mundo de la actuación, políticos y jerarcas del poder mundial por crear sociedades “offshore” para esconder dineros sucios, la inclusión del grupo “Waked” en la Lista Clinton ha sido un golpe mortal para el gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
Uno de los principales asesores del presidente Varela, el abogado Ramón Fonseca Mora, es parte del escándalo porque su buffete, Mossack-Fonseca, es el eje principal del escándalo que desataron los “Panama Papers”.
Consecuencia de un escándalo, las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ por sus siglas en inglés) obligaron a Mora a renunciar al cargo de presidente del gobernante Partido Panameñista y dejar el puesto de asesor presidencial.
Aunque la justicia panameña abrió una investigación contra Mora y su firma, semanas después de las publicaciones de ICIJ, no existen órdenes de arresto, confiscación de bienes o cuentas bancarias de Mossack-Fonseca.
En Panamá es legal inscribir sociedades anónimas “offshore”, la tasa de impuestos es baja y no se considera un delito la evasión fiscal.
Aunque la mesa está servida para los actos de inauguración del tercer juego de esclusas, de setenta presidentes invitados por Panamá, al menos doce han confirmado, casi todos de Latinoamérica.
La vicepresidenta y ministra de relaciones exteriores, Isabel Saint Malo, reveló que Michelle Bachelet (Chile); Juan Orlando Hernández (Honduras); Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) y mandatarios del caribe confirmaron su presencia en las actividades oficiales organizadas por la Autoridad del Canal y el gobierno de Panamá.
La cancillería taiwanesa informó que la nueva presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen viajará al país centroamericano, en lo que será su primera visita oficial a Latinoamérica.
Taiwán es un viejo socio político y diplomático de Panamá, a pesar de los reclamos y presiones de China, uno de los más importantes usuarios del Canal.
China no ha informado si desistirá de estar en los actos, aunque el primer buque que realizará el paso inaugural será el Cosco Shipping Panamá de la naviera Cosco.
Para la vicepresidenta Saint Malo, la inauguración del tercer juego de esclusas “es un momento histórico para Panamá, donde una vez más el país pone su geografía al servicio del comercio mundial y queremos celebrar esta gran noticia con los países que son parte de este Canal”.
El tercer juego de esclusas se licitó en 5,200 millones de dólares, pero las obras construidas por el Grupo Unidos del Canal (GUPC), un consorcio español-italiano, podrían terminar costando el doble de lo presupuestado por reclamos millonarios hechos en los últimos cinco años.
El 6% del comercio marítimo mundial usa el Canal de Panamá y el tercer juego de esclusas permitirá que los barcos más grandes de la industria, llamados PosPanamax, utilicen la ruta panameña.
El ministro de la presidencia de Panamá, Álvaro Alemán, aseguró que “permitirá el incremento del movimiento de contenedores y con ello se potenciará la conectividad que tiene el istmo para el traslado de mercancías”.
El administrador del Canal, Jorge Luis Quijano, reconoció que “es muy difícil establecer el costo final de la megaobra por los reclamos del consorcio Grupo Unidos por el Canal y la propia ACP”, los cuales fueron sometidos a un proceso de arbitraje.
Si Panamá buscaba apuntar la imagen del país con la inauguración del tercer juego de esclusas, la no asistencia de los mandatarios europeos, las presiones de Francia para que el país abra su sistema de sociedades anónimas y la exigencia de la Organización la para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) para un intercambio inmediato de información fiscal, parecen pocas ante el impacto del caso Waked.
El embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley, fue claro al emitir una declaración oficial el pasado viernes.
“Las designaciones se basan en investigaciones extensas, que han tomado más de una década, y donde Estados Unidos hizo una revisión exhaustiva de la información proveniente de más de siete dependencias del gobierno americano”, afirmó.
Según Feeley, “por años, Nidal Waked, Abdul Waked y sus cómplices abusaron del sistema financiero de los Estados Unidos y Panamá. Conjuntamente lideraron una organización que ha lavado dinero procedente del narcotráfico”.
Como si fuera poco, Feeley insistió que “estos dineros provenían de maletas llenas de efectivo, falsificación de facturas y otros métodos del lavado de dinero a favor de múltiples organizaciones internacionales de narcotráfico que están entre las más inescrupulosas y sofisticadas del mundo”.
La familia Waked, de origen libanés, hizo su primera fortuna en San Andrés, Colombia, y desde los años 60, en el siglo pasado, armaron un imperio económico en Panamá que comenzó en la Zona Libre de Colón.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a la familia empresaria como “Waked Money Laundering Organization”.
Los líderes de la operación de blanqueo de dinero y narcotráfico fueron identificados como Nidal Waked y Abdul Waked.
Nidal está detenido en Colombia y podría ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado en la Florida, por cargos que conllevan una pena de 50 años de prisión.
Alí Waked es subsecretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD-socialdemócrata), del cual, advirtió, no renunciará.
Las 68 empresas del grupo familiar fueron incluidas en la lista Clinton, incluyendo los diarios La Estrella, El Siglo, el grupo WISA (de la Zona Libre), las tiendas libres de impuestos en los aeropuertos de Panamá y otros 14 países, La Riviera; las tiendas de lujo Félix B. Maduro, un hotel Sheraton y decenas de negocios de bienes raíces e importación.
Al menos seis mil empleados temen perder sus puestos y desde el jueves pasado realizan mítines y vigilias en vías públicas de la capital y la provincia de Colón, donde opera la Zona Libre, a 70 kilómetros al noreste de la capital.
Estados Unidos incluyó en la lista Clinton, como cómplices y partícipes de la operación criminal a Mohamed Waked (hijo de Abdul Waked); a Jalal Waked Hatum, Ali Waked Hatum y Gary Waked Hatum, todos sobrinos de Abdul Waked.
Los abogados panameños Lucía Touzard y Norman Douglas Montoto habrían armado la red legal para las operaciones de blanqueo, según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Abdul Waked y sus empresas operan en 14 países en el negocio de la venta de ropa de lujo, tabaco, licores y perfumes en tiendas libre de impuestos en aeropuertos o en centros comerciales.
En Panamá peligra la estabilidad financiera y los empleos del grupo WISA (Zona Libre), las tiendas de lujo Felix B. Maduro, La Riviera (venta de perfumes y ropa de marca), el centro comercial Soho y el Hotel Sheraton (en la provincia de Colón).
Desde hace dos semanas, los bancos suspendieron las líneas de crédito al grupo Waked y los puntos de pago con tarjetas de crédito, como parte de las sanciones anunciadas por el Departamento del Tesoro.
Abdul Waked, 65 años, posee 237 tiendas bajo la marca Wisa y La Riviera, pero aseguró que no sabía que lo investigaban y se declaró dispuesto, pero en Panamá, a descubrir el velo corporativo de sus empresas para “aclarar completamente la lamentable confusión que ha surgido a partir de las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos”.
El ministro de Economía y Finanzas anunció que una comisión gubernamental examina la situación de las empresas del grupo Waked, para evitar que se pierdan los empleos y un eventual cierre de empresas impacte en la economía local.
Un primer logro fue la extensión hasta el 14 de junio de una licencia del Departamento del Tesoro para que el banco Balboa & Trust y una aseguradora del mismo nombre operen sin dificultades.
Empero, ambas entidades fueron intervenidas por la superintendencia bancaria para examinar sus operaciones, luego que el Departamento del Tesoro advirtiera que se usó para lavar dinero del narcotráfico.
No se conoce qué pasará después de esa fecha ni del 6 de julio cuando termina una “licencia” similar a favor del centro comercial Soho, el hotel Sheraton, el centro comercial Plaza Millenium y los diarios La Estrella y El Siglo.
Las investigaciones contra Nidal Waked, Abdul Waked y el resto del grupo familiar fueron realizadas y respaldadas por el Departamento del Tesoro, el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado, la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Oficina Federal de Investigación (FBI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), y el Procurador General de Estados Unidos.
El Ministerio Público panameño abrió una investigación, tras ser informado por la diplomacia estadounidense de su propia investigación, pero la abogada del grupo Waked aseguró que el expediente panameño está lleno de fotocopias sin acusaciones.
Lo cierto es que la inauguración pomposa anunciada para la ampliación del Canal no será la gran fiesta, por las acusaciones que derivaron de los Panamá Papers, las presiones de Francia y la OCDE y el escándalo desatado por la red de lavado de dinero identificada por Estados Unidos, que tiene en jaque al influyente y poderoso grupo empresarial Waked de Panamá.