Puebla, Pue.- A raíz de la reforma energética, el estado de Puebla se ubicó en el segundo lugar nacional con el mayor número de proyectos extractivistas, que superan 400 casos en el último sexenio.
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Tan sólo en casos de pozos de explotación de fracking suman 233 proyectos, detrás de Oaxaca, reveló Gerardo Pérez Muñoz, integrante de la Asamblea Social del Agua (ASA).
El ambientalista reveló que los también llamados “proyectos de muerte” están siendo avalados al justificar la criminalización de la protesta social. “Estas propuestas avanzan a costilla del equilibrio ecológico y de la afectación directa a las comunidades indígenas del estado”.
Expuso que hoy en día existen varios proyectos parados por resistencia ciudadana, desde la comunidad que paró la hidroeléctrica en Olintla hasta Tetela de Ocampo.
Pérez Muñoz refirió que en el mapeo que llevan a cabo de los proyectos se pueden ver algunos puntos donde los trabajos están parados de manera aparentemente, pues dijo que las autoridades aseguran que la obra está suspendida cuando se trata de una mentira para ganar tiempo.
“No hay ni un proyecto parado de los que se buscan consolidar, todos cuentan con el permiso y la autorización del Poder Ejecutivo federal”, acusó.
Desde la Asamblea Social del Agua refirió que la labor es hacer visible estos “proyectos de muertes” y la resistencia que llevan a cabo los pueblos originarios, por poner en riesgo no sólo su cultura sino además la vida.
Declaró que los permisos y concesiones que otorga el gobierno federal principalmente a empresas extranjeras son por 30, 50 y hasta 70 años, por lo que dijo están trabajando para echar abajo la privatización de los recursos naturales.
A pesar de la lucha social y legal que han dado las comunidades de la Sierra Norte, en algunos casos, señaló que el gobierno federal no ha quitado ningún permiso ni concesión a las firmas multinacionales.
En el caso de Puebla, Gerardo Pérez Muñoz dijo que se han dado permisos y concesiones para varios proyectos que están asentados en tierras Tepehuas, Totonacas, Nahuas y Ñañús.
Uno de los que más destacan por su magnitud, destacó, es el proyecto de un gasoducto de la empresa TransCanada que está afectando a la comunidad de San Pablito Pahuatlán, además del caso de los Tepehuas por la técnica del fracking.
TransCanada es la compañía detrás del polémico proyecto del oleoducto Keystone XL en Estados Unidos, prohibido por el ex presidente Barack Obama pero reactivado por el actual presidente Donald Trump.
Dicen las voces a favor del Keystone XL que hará a Estados Unidos menos dependiente del petróleo de otros países, aunque sus opositores advierten de los riesgos ambientales que traería el proyecto por la contaminación, el impacto directo al calentamiento global y los daños a las fuentes de agua.
Ante la creciente instalación de proyectos de muerte, Gerardo Pérez informó que hay una recomendación al Estado mexicano por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Esto con el fin de que se lleven a cabo consultas a los pueblos indígenas, debido a que las empresas se instalan en los pueblos, violando el artículo Sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
No obstante, el declarante dijo que no se trata sólo de efectuar la consulta a las comunidades, sino que debe haber un consentimiento libre, previo e informado.
Al último, comentó que el proyecto de TransCanada en San Pablito Pahuatlán también atrajo la atención de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, quien realizó una misión de observación en febrero pasado por las denuncias de violaciones a los Derechos Humanos reportadas por los pueblos indígenas, así como los daños al medio ambiente.