Puebla, Pue.- Aunque Puebla tiene la base legal necesaria para poner en marcha el Sistema Estatal Anticorrupción, el Congreso local mantiene frenado el proceso desde enero pasado, pese a que en tres meses vencerá el plazo que se confirió a las entidades federativas para cumplir con esa obligación constitucional.
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El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Jorge Aguilar Chedraui, aseguró que las reformas complementarias pendientes se presentarán en junio próximo para ser aprobadas el 19 de julio, un día después de la fecha fatal; sin embargo, los diputados han quebrantado por lo menos en dos ocasiones los plazos que establecieron ellos mismos para avanzar en la construcción del andamiaje institucional del sistema, el cual se creó a nivel federal con el propósito de combatir el abuso de poder en la función pública.
El Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), Transparencia Mexicana y la Coparmex, a través del Semáforo Anticorrupción, realizan un seguimiento a las entidades federativas con la finalidad de verificar el avance que llevan en la aprobación de la reforma constitucional y de la ley en la materia, cuyo contenido es analizado para comprobar que se ajuste a las disposiciones federales.
Puebla tiene un avance de 95 por ciento en la reforma a la Carta Magna del Estado y de 98.39 por ciento en la Ley del Sistema Anticorrupción, debido a que los organismos ciudadanos calificaron con 100 por ciento 39 de los 41 indicadores medidos, básicamente porque el modelo establecido por las autoridades locales coincide con el nacional.
De acuerdo con el Semáforo Anticorrupción, el único fallo de la reforma constitucional, publicada en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 4 de noviembre de 2016 es que no otorgó facultades al órgano de fiscalización superior, a la Contraloría General y a los órganos internos de control para sancionar faltas administrativas no graves.
En el caso de la Ley del Sistema Anticorrupción, vigente desde el 28 de diciembre anterior, el semáforo detectó que establece un sistema de información demasiado complejo que solo obstaculiza la tarea de la Plataforma Digital Nacional, ideada para tener un mejor control sobre el desempeño de los servidores públicos del país.
En la última actualización del Semáforo Anticorrupción, del 6 de abril pasado, se determinó que solo Puebla, Chiapas y Nayarit cuentan con la base legal necesaria para continuar con el desarrollo de sus sistemas locales.
El Sistema Estatal Anticorrupción requiere para su funcionamiento de siete instituciones, de las cuales cuatro no existen, porque el Congreso poblano no ha aprobado la legislación que las regulará ni ha iniciado el proceso para su integración, o están en preparativos para arrancar actividades, como es el caso del Consejo de la Judicatura.
El Consejo de la Judicatura tuvo que instalarse el 20 de febrero pasado por determinación de ley, pero no ha podido hacerlo debido a que está a la espera de que el Congreso y el gobierno estatal nombren a sus representantes.
El 7 de marzo pasado, Jorge Aguilar pidió 15 días más para definir si el enviado del Poder Legislativo será un diputado o un funcionario. Ha transcurrido más de un mes y la designación aún no se concreta.
Según el artículo séptimo transitorio de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que se publicó en el POE el 9 de enero pasado, la autoridad tenía 30 días hábiles para instalar el Consejo de la Judicatura que tendrá bajo su responsabilidad la vigilancia y la disciplina de los servidores públicos del Poder Judicial del estado.
Otro de los plazos quebrantado por los diputados es el de 40 días naturales que confirió el artículo primero transitorio de la Ley del Sistema Anticorrupción para designar a los integrantes de la Comisión de Selección, quienes se encargarán a su vez de conformar el Comité Estatal de Participación Ciudadana, otra de las instituciones necesarias para el funcionamiento del sistema.
El término comenzó a correr el 28 de enero, un día después de la publicación de la normativa en el POE, y concluyó el 8 de marzo.
El Congreso tampoco ha aprobado las adecuaciones jurídicas que son necesarias para que se instale la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción ni el Tribunal de Justicia Administrativa.
Las únicas instituciones del sistema que se encuentran operando son la Auditoría Superior del Estado, la Contraloría estatal, así como el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, debido a que existían antes de la reforma constitucional del 4 de noviembre de 2016.