Tlaxcala, Tlax.- Tlaxcala es el cuarto estado a nivel nacional con menor incidencia delictiva, tanto en números absolutos como en casos por cada 100 mil habitantes, argumentó el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Álvaro Vizcaíno Zamora, quien aceptó que el principal problema es el robo de vehículos.Eso sí, puntualizó que el estado tuvo un ‘ligero incremento’ en homicidios dolosos, pero no es un problema que sobresalga.
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En entrevista, argumentó que las cifras de Tlaxcala son bajas en delitos como la extorsión y el secuestro, en comparación a otras entidades.
Señaló que Tlaxcala, al igual que otros estados, presenta la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales para el combate al delito, “prácticamente en todo el país hacen falta policías preparados y capacitados, que permitan hacer frente a los problemas de incidencia delictiva.
Detalló que el estado se encuentra en la media nacional en cuanto al número de policías preventivos estatales, “es el 48 %, pero hace falta el doble de policías preparados y con capacidades de respuesta para estos problemas”.
Abundó que los exámenes de control y confianza de la Corporación Policiaca local, están en índices promedio en relación con el resto del país.
Asimismo, rechazó que el Sistema de Justicia Penal sea el responsable de la incidencia delictiva en México, pero manifestó que debe reforzarse, pues es más rápido, transparente y menos costoso.
“Algunos componentes del sistema como las unidades de medidas cautelares deben ser fortalecidas para que el Sistema de más eficacia y certeza”, insistió.
Sobre el plantío de amapola que en días pasados destruyó la 23 Zona Militar en Hueyotlipan, comentó que es un hecho que preocupa a los tres niveles de gobierno.
Álvaro Vizcaíno estableció que el pasado martes sostuvo una reunión de trabajo con el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, donde abordaron los temas de mayor incidencia delictiva, las capacidades del Centro de Control y Confianza y comisiones de la Policía Preventiva Estatal, así como los recursos federales disponibles para el fortalecimiento de la seguridad como son los del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
Enfatizó que el acopio y portación de armas deben ser delitos que merezcan prisión preventiva como medida cautelar, pues el portador puede cometer robos, secuestros y violaciones.
“Hay que fortalecer las unidades de medidas cautelares del país, son de las piezas más débiles, pues son las responsables de elaborar un análisis del riesgo que tiene un imputado de volver a causar daño”, mencionó.