Chiautempan, Tlax.- Hasta el momento, solo seis ayuntamientos han sido notificados de manera oficial por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), que son acreedores a una sanción económica de 200 unidades de medida y actualización (uma) por no entregar su cuenta pública del primer trimestre 2017.
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En el caso de Chiautempan, el órgano auditor únicamente multó alcalde Héctor Domínguez Rugerio y a la tesorera Aurora Cocoletzi Solís, con una cantidad de mil 500 pesos, a cada uno.
En tanto, dejó a salvo de pagar algún tipo de infracción a la síndico, quien denunció ante el Congreso local que no le fue entregada la cuenta pública de los tres primeros meses de 2017 para revisarla y avalarla.
Situación similar sucede en Calpulalpan, donde el munícipe Nepalí Gutiérrez Juárez y el tesorero Juan Carlos Carmona Coronel fueron sancionados por la misma cantidad (mil 500 pesos cada uno), mientras que su representante legal quedó exento.
Lo mismo sucede con el alcalde Miguel Muñoz Reyes y el encargado de las finanzas Jaime Lemus Tlapale de Contla, así como el munícipe Rogelio Pérez Salazar y la tesorera Nancy López Romero de Muñoz, ayuntamientos que pagarán la misma cantidad.
En estas comunas, los síndicos también fueron absueltos por el OFS para pagar enfrentar algún tipo de responsabilidad.
Empero, en el caso de Españita y Tlaxco, el OFS determinó sancionar, también con mil 500 pesos a los titulares de los tres cargos, es decir, a los alcaldes, tesoreros y síndicos, quienes, pese a la prórroga, no remitieron la documentación de sus estados financieros.
El presidente municipal de Españita, Jesús González Guareros, el tesorero Andrés Ixtlapale Meneses y la síndico Yanet Ramírez Vargas, así como la alcaldesa de Tlaxco, Gardenia Hernández Rodríguez, el tesorero Carlos Muñoz Hernández y el síndico José Amado Márquez López.
El dinero por dichas multas será recaudado por el Comité de Administración del Congreso local.
El artículo 73 de dicha ley señala que los entes públicos que se atrasen hasta un mes en la entrega de su cuenta pública serán sancionados con una multa económica de ochenta a cien días de salario mínimo general vigente en el Estado.