Por FRUMENCIO VERDUZCO
Puebla.- ¿Usted estaría dispuesto a ser exhibido, sometido, sobajado y humillado cuando trabaja?
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Pues sorpréndase.
En Puebla, los máximos jerarcas de la impartición de justicia se genuflexan ante todas las instrucciones emanadas de Casa Puebla.
Lo que no entienden en la residencia oficial es que en este nuevo milenio resulta prácticamente imposible demostrar que los órganos estatales no están involucrados en las altas decisiones de un estado como Puebla.
El problema de fondo está centrado en que los tribunales estatales no están dispuestos a deslindarse el poderoso grupo político del gobernador.
Nos guste o no, en Puebla no hay más juez que Moreno Valle y eso no está a discusión.
Para fortuna de muchos, los órganos electorales de la federación tienen en el INE y el TEPJF a sus órganos de control.
De ahí que todos los recursos interpuestos por grupos opositores han sido resueltos en contra de los intereses morenovallistas.
En la resolución publicada ayer por la sala superior del TEPJF sobre los temas de Ana Teresa Aranda y Roxana Luna, el magistrado ponente Flavio Galván dijo que el caso de la elección en Puebla pasará a los anales de la historia del derecho electoral por la cantidad de impugnaciones recibidas hasta el momento y que en su mayoría han sido resueltas en contra del morenovallismo.
Es decir, que hoy todo lo que resuelva la autoridad electoral deberá ser revisado a profundidad por los antecedentes negativos de quienes no ganan una ni por equivocación.
Y es en donde debemos preguntarnos: ¿Para qué diablos existe un juez, si todo lo resuelve una buena o mala decisión?
Qué grave que todo lo que resuelve el Tribunal Estatal se haya convertido en el blanco perfecto de quien tiene en la residencia de Los Fuertes a su jefe no sólo político, sino laboral.
Nos guste o no, hoy el instituto local y el tribunal electoral son el principal ejemplo nacional de lo que no debe hacer un árbitro de una elección.
Ni más, ni menos.
México.- El secretario de la SDN, Gral. Salvador Cienfuegos, dijo que si extranjeros entrevistan a sus soldados, por el caso Ayotzinapa, presenta su renuncia. La postura parece radical, pero hay razón para desconfiar del GIEI cuando surgen acusaciones de corrupción en su contra. Aunque hoy lo niegan, los expertos independientes han buscado interrogar, como sea, a los soldados del 27 BI, con base en Iguala, pese a que ya han rendido varias veces su declaración ministerial. El GIEI desestima las revelaciones de sicarios y jefes de Guerreros Unidos y Los Rojos, pero considera fundamentales las declaraciones de los soldados cuando no tuvieron ninguna participación directa.
El verdadero propósito de la CIDH no es determinar la suerte de los 43 normalistas, sino exhibir a los militares; generar un ambiente del que sin duda saldría con ganancias y no solo políticas. Con el pretexto de la violación a los DH, la CIDH favorece directa o indirectamente a los verdaderos criminales. Entonces ¿a quiénes protegen? ¿Será que reciben apoyos millonarios por esa defensa? Desafortunadamente en México los DH se han convertido en un buen negocio, y los militares por su propia formación, son un pretexto perfecto.
En tal sentido, son las organizaciones de DH, en complicidad con el narcotráfico los que intentan debilitar al Estado mexicano, comenzando por las fuerzas armadas, que son su principal acicate.
Por eso les digo… Y nos leemos hasta la próxima edición…