Valle de México, Edomex.- La corrupción, negligencia de autoridades locales y la falta de actualización de la Ley General de Asentamientos Humanos ha generado un crecimiento urbano anárquico y el deterioro de la calidad de vida de las familias, aseguró la senadora Mariana Gómez del Campo Gurza.
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Desde la tribuna del Senado de la República, la legisladora informó que de acuerdo con el reporte “México: Anatomía de la Corrupción”, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económica -CIDE- y el Instituto Mexicano para la Competitividad -IMCO- dado a conocer este año, el 44 por ciento de las empresas en México reconoció haber pagado sobornos, de los cuales el 75 por ciento estuvo relacionado con trámites, licencias y permisos.
En este contexto, la senadora planteó adicionar los artículos 61, 62 y 63 de la Ley General de Asentamientos Humanos, con el propósito de prever que la legislación local de las entidades federativas incorpore mecanismos de participación ciudadana y de control ambiental que actúen como candados en contra de los cambios irregulares de uso de suelo.
Y agregó que se deben establecer sanciones penales para los servidores públicos que otorguen permisos, licencias o autorizaciones cuyo contenido sea violatorio de las leyes o programas locales de desarrollo urbano y para las personas que destinen dolosamente un bien inmueble a un uso distinto del uso de suelo que tenga permitido y obtenga un beneficio económico derivado de dicha conducta.
Desde la tribuna senatorial, Mariana Gómez subrayó que en todo el país, las constructoras y empresas inmobiliarias construyen obras que violan el uso de suelo autorizado.
Y destacó que para ser aprobadas las solicitudes de construcción de las inmobiliarias deben pasar por filtros de análisis para considerar su viabilidad; “la realidad es que, en su gran mayoría, los fallos son en el sentido de modificar el uso de suelo para adaptarlo a la obra irregular y no en el sentido de ordenar la demolición de los inmuebles”, argumentó.
Por lo tanto, explicó, las leyes locales deben prever que, por cada solicitud de cambio de uso de suelo, se realice una consulta ciudadana cuyo resultado sea vinculante, con el propósito de escuchar a los habitantes cuando se pretenda cambiar el uso de suelo de un predio específico de su pueblo o colonia.