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DESFALCO EN TRÁNSITO DEPARTAMENTAL DE SUCRE SUPERA LOS $2 MIL MILLONES


Redactado por: adriana bravo
junio 15, 2016 , a las 1:02 am

Sucre, Bolivia.- Las presuntas irregularidades se detectaron a través de la auditoría exprés que el ente de vigilancia y control realizó a la dependencia, ubicada en el municipio de Sampués.

Seis hallazgos con alcance administrativo, cinco disciplinarios y dos fiscales, estos últimos por valor de $2.217 millones, fueron detectados por la Contraloría General del Departamento en Sucre en la oficina de Tránsito y Transporte Departamental que tiene sede en el municipio de Sampués.

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Las presuntas irregularidades, que ya fueron notificadas al gobernador Edgar Martínez Romero, se evidenciaron luego de la auditoría exprés que el ente de control realizó con base a una situación detectada durante el empalme de esta administración y que fueron dadas a conocer en marzo por el mandatario de los sucreños que para ese entonces solicitó la investigación.

Miguel Arrázola Sáenz, contralor Departamental, sostuvo que el desfalco en el Tránsito está representado en un alto porcentaje en caducidades, prescripciones en los comparendos y en el no pago de los impuestos porque no cobraban.

Dejó en claro que solo pudieron auditar dos años y en la denuncia el gobernador solicita que sean auditados los últimos seis años, por lo que el contralor se comprometió a auditar en octubre las otras vigencias.

“No encontramos más hallazgos en estas dos vigencias porque no hay ninguna información sobre los parqueaderos que tenían arrendados para llevar hasta ellos los vehículos que inmoviliza la Policía. Pero en octubre vamos a continuar con la auditoría porque necesitamos saber dónde están esos recursos que nunca entraron al departamento de Sucre”, anotó el contralor.

Precisó que el Gobernador estima que el detrimento patrimonial podría ser de unos 20 mil millones de pesos y el jefe del ente de control cree que tenga razón porque “si con la poca información que encontramos y que corresponde a dos años hay un detrimento de más de $2 mil millones, no quiero imaginar que habrá en los otros cuatro años que nos faltan”, anotó.

Las investigaciones. Con estos hallazgos lo que ahora viene son las investigaciones contra los presuntos responsables del detrimento patrimonial, en su mayoría exfuncionarios de la entidad.

Los administrativos y los fiscales serán abordados por la Contraloría, y los disciplinarios serán enviados a la Procuraduría.

“Este informe está en firme porque la Gobernación no respondió en el tiempo que tenía que hacerlo, esto ya pasó a juicio fiscal”.

Sobre los parqueaderos, en marzo el gobernador Edgar Martínez Romero a través de un comunicado dijo que en la Resolución 4103 de 2014 se establecía que los excedentes obtenidos después de deducir todos los gastos y costos por parte del operador, el ente territorial (Gobierno Departamental) y la previa verificación de las inmovilizaciones realizadas por la Policía de Carreteras, tendría una participación del 40% que entraría a las arcas del departamento los primeros cinco días de cada mes.