Guatemala, Gtm.- El ex presidente de Guatemala Otto Pérez (2012-2015) y su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, fueron imputados hoy formalmente por la Fiscalía por un segundo escándalo de corrupción relacionado con el otorgamiento de un contrato millonario a una firma española en 2012.
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Pérez y Baldetti debieron escuchar, en el mismo banquillo de acusados junto a otra decena de implicados, la formulación de cargos en su contra después que su defensa intentara infructuosamente frenar la audiencia aduciendo que existían demandas pendientes de resolver en el ramo civil sobre este mismo caso.
Se trata de un usufructo otorgado a favor de la empresa Terminal de Contenedores Quetzal SA (TCQ), constituida en Guatemala en 2012, y la cual representa la española Group Maritim TCB, para la administración de la terminal de contenedores en el Puerto Quetzal, en el Pacífico guatemalteco.
La Fiscalía guatemalteca y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), de la ONU, los acusan por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero, otros activos y fraude.
Como adelanto de evidencia para que el juez a cargo del caso, Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado B de mayor riesgo, resuelva procesarlos por este nuevo caso, la Fiscalía y la CICIG reprodujeron durante la audiencia una extensa declaración de un testigo protegido, Juan Carlos Monzón, ex secretario privado de Baldetti.
Monzón fue uno de los primeros funcionarios del Gobierno de Pérez vinculados a la red de defraudación aduanera autodenominada “La Línea”, desarticulada el 16 de abril de 2015 por estos órganos de investigación. Posteriormente, en agosto, confirmaron la participación en la estructura de Pérez y Baldetti.
En horas de la mañana, Pérez volvió a rechazar la declaración de Monzón -luego que el audio se filtrara la semana pasada-. Afirmó que se trata de una “ridiculez”.
El ex gobernante afirmó la semana pasada, al concurrir a la primera cita ante el juez Gálvez, que “se lo están inventando… Yo no recibí ni un centavo de eso. Quieren montar otro caso”.
Pérez defendió la legalidad en la adjudicación de la ampliación de dicha terminal, aún cuando la Procuraduría General de la Nación (PGN), representante legal del Estado de Guatemala, ha confirmado que el negocio fue viciado.
Pérez declaró a los medios que este nuevo caso está construido en base a “una historia, un cuento” de Monzón.
Al igual que en el caso “La Línea”, Pérez, junto a su vicepresidenta Roxana Baldetti, son acusados de liderar esta nueva estructura del caso “TCQ”.
De acuerdo con la CICIG y la Fiscalía de Guatemala, todos los implicados (nueve detenidos la semana pasada y Pérez y Baldetti en prisión preventiva por el caso “La Línea”), tenían como objetivo lucrarse y blanquear dinero a través de la construcción y gestión de esta nueva terminal marítima, cuya inversión total alcanzaría los 255 millones de dólares.
Entre enero de 2012 y abril de 2015, la trama realizó los nombramientos y gestiones necesarias para asegurar la firma del contrato a cambio de una “comisión” de 24,5 millones de dólares, de los cuales supuestamente 12 millones llegaron a manos de los acusados, 60 por ciento de los cuales corresponden a Pérez y Baldetti.
El juez Gálvez, el mismo que conoce el caso “La Línea”, accedió la semana pasada a una solicitud de la defensa para aplazar para este lunes la audiencia de primera declaración de los 11 acusados, contra quienes deberá decidir si existen indicios suficientes de su responsabilidad para ser procesados.
Según Pérez este nuevo caso sirve como una respuesta que buscan sus acusadores ante el debilitamiento del caso “La Línea”.
“Después de ser un gran caso (La Línea) se va cayendo y cayendo”, y esta nueva acusación, construida con “un testimonio, una historia, un cuento” de Monzón, va a tener el mismo camino, afirmó.
Pérez y Baldetti dejaron el poder el año pasado presionados por masivas manifestaciones y la persecución penal a cargo de la CICIG y la Fiscalía.