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PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REGLAS EFICACES, CLAVE CONTRA CORRUPCIÓN


Redactado por: adriana bravo
abril 6, 2016 , a las 5:10 am

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México, D.F.- Para garantizar eficiencia plena, el Sistema Nacional Anticorrupción debe garantizar una Ley General de Responsabilidades con sanciones incluidas en el Código Penal; participación plena de la Sociedad Civil y un papel activo de los Órganos Internos de Control.

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Así lo consideró el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, quien consideró que las fuerzas políticas tienen la gran oportunidad de demostrar su interés por combatir la corrupción.

En entrevista con Notimex, el comisionado del INAI anunció la realización del foro “La Información en el combate a la corrupción ¿cómo nos arreglamos?”, la próxima semana en el Instituto, donde se analizarán en siete paneles las perspectivas del Sistema Nacional Anticorrupción.

Explicó que actualmente, se discute la creación del Sistema, que incluye siete piezas legislativas y seis instituciones y en cuya construcción, las fuerzas políticas tienen la oportunidad de demostrar su verdadero interés por combatir la corrupción.

No obstante, Salas Suárez definió tres requisitos mínimos que debe considerar este andamiaje: una Ley General de Responsabilidades para los Funcionarios Públicos eficaz, que considere artículos en el Código Penal para castigar las faltas graves.

También, la participación de la sociedad civil en el Consejo del Sistema, incluyendo la posibilidad de que cuente con un asiento en el mismo, voz y voto e incluso, pueda presidirlo.

El tercer elemento es definir con claridad el papel de los Órganos Internos de Control, para que pasen de meras amonestaciones a quienes incumplan con la presentación de su declaración patrimonial –como actualmente es la mayoría de su actividad— a un papel de investigación en casos delicados.

Si este andamiaje cumple esos requisitos mínimos, es posible que a mediano plazo se recupere la confianza de la ciudadanía, pues hasta ahora, los resultados de la democracia se perciben como escasos, al grado de que apenas dos de cada diez ciudadanos están conformes con sus resultados.

A este respecto indicó que precisamente este Foro, donde se analizarán entre otros temas el Sistema Nacional Anticorrupción, los contrapesos institucionales de la corrupción y la participación ciudadana, se realiza en el contexto de esta discusión, para dar elementos de juicio.

No obstante, hasta ahora se han prefigurado algunas iniciativas que no parecen abonar en ese sentido y los partidos deberían utilizar el método del parlamento abierto, como hicieron cuando crearon el Sistema Nacional de Transparencia.

Con ello, se garantizaría que las discusiones fueran abiertas y el electorado tuviera acceso a saber qué partidos se opusieron, por ejemplo, a abrir las declaraciones patrimoniales o las declaraciones de conflicto de interés y por qué. Así, la ciudadanía podría evaluarlos electoralmente.

Aunque hay un claro movimiento de la ciudadanía contra la corrupción (el respaldo de 500 mil firmas al proyecto conocido como 3 de 3 lo demuestra), aún enfrentamos el riesgo de que el andamiaje institucional no funcione como se espera.

De hecho, el 5 de mayo vence el plazo para que todos los estados armonicen sus leyes locales de transparencia y apenas siete lo han hecho; mientras que el 27 de mayo deben haberse creado todos los Sistemas Estatales Anticorrupción que aún no tenemos.

Aun así, análisis como el que se realizará la semana próxima en el INAI, donde también se discutirá sobre impunidad y reputación, costos económicos y sociales de la corrupción y negocios en la opacidad, pretenden ayudar a los legisladores a tomar una mejor decisión.

Porque de nada sirve que el ciudadano tenga todos los elementos para hacer una acusación, al obtener vía transparencia las pruebas de una mala acción de gobierno, si no hay castigo.

Y es que “la gente sabe quién es el compadre del alcalde que se beneficia de una obra pública”, pero si esta denuncia cae en manos del ayuntamiento, probablemente se integre mal el expediente y nunca se castigue a los culpables.

De ahí la importancia de que sean autoridades distintas las que investiguen y sancionen los actos de corrupción.