Arizona, E. U.- Grupos defensores de los derechos civiles y de los latinos, organizadores de un boicot en 2010 contra Arizona diseñado para presionar al estado para que detuviera una legislación anti inmigrantes, dijeron el miércoles que están considerando un nuevo boicot debido a una nueva serie de propuestas legislativas.
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Los grupos, unidos como Somos America Coalition, dijeron que más de media decena de iniciativas de ley que se están moviendo en la Legislatura de Arizona tienen como objetivo los inmigrantes que están sin permiso en el país y ocasionan temor entre la comunidad de inmigrantes.
El presidente fundador Roberto Reveles envió una carta al gobernador republicano Doug Ducey solicitándole que presione a la Legislatura para que mate las iniciativas de ley o que las vete si llegan a su escritorio.
“Durante el boicot, la comunidad empresarial de Arizona transmitió eventualmente un mensaje claro al liderazgo de la Legislatura para que rechazara cualquier política adicional contra latinos y contra inmigrantes”, dijo Reveles en la carta. “Lamentablemente, la Legislatura está promoviendo una vez más políticas públicas extremistas dirigidas descaradamente a hacerles la vida tan miserable a los inmigrantes indocumentados, que ellos se auto deportarán”.
Daniel Scarpinato, vocero de Ducey, calificó cualquier boicot como “una treta que debería ser condenada ampliamente y sin tapujos”.
“Permítame ser muy claro”, dijo; “cualquier discusión sobre un boicot es política de año electoral de lo peor y estos grupos deberían avergonzarse por tratar de dividir a Arizona y destruir nuestra economía”.
Grupos empresariales del estado, incluida la Cámara de Industria y Comercio de Arizona, también rechazaron los llamados a un nuevo boicot. “Los boicots sólo dañan nuestra economía, afectan negativamente a los trabajadores arizonianos y dividen a nuestros ciudadanos”, dijeron los grupos en un comunicado conjunto.
La Legislatura está considerando una serie de proyectos de ley que preocupan a grupos latinos, aunque muchos de ellos se han estancado.
Ducey firmó una ley que termina un programa de prisión estatal que libera a algunos convictos sujetos a deportación después de que cumplen 50% de su sentencia, en lugar del normal 85%. Esos convictos serían entregados entonces a funcionarios federales para su deportación, pero a legisladores les preocupaba que algunos fueran liberados dentro de Estados Unidos.
En una carta que acompañó la firma de la ley, el gobernador dijo que ésta era sobre aplicar a todos el mismo estándar de justicia, y no sobre política migratoria.