México, D.F.- La forma en que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, trabajamos y envejecemos está condicionada por circunstancias políticas, sociales y económicas. Así lo dice, en su conclusión final, la Comisión de Determinantes Sociales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el informe de 2008. Así también lo pensamos quienes entendemos la salud desde una perspectiva vinculada con el desarrollo de las comunidades y, por tanto, de las naciones. Nos guste o no, las decisiones que suelen afectar la salud de nuestra sociedad se originan mayormente fuera del sector salud.
En ese rango de medidas se incluyen los impuestos que buscan gravar sustancias cuyo consumo tenga implicancias negativas para la salud. El tabaco es un buen ejemplo hace ya tiempo. Las bebidas azucaradas son el más recientemente enemigo a combatir. Consumir bebidas o alimentos azucarados en exceso se relaciona con mayor peso corporal y esto aumenta las posibilidades de sufrir problemas cardiometabólicos como diabetes, enfermedad coronaria o accidente cerebrovascular. El sobrepeso, la obesidad y la diabetes son una epidemia global cuyas consecuencias son la mayor causa de muerte y discapacidad en el mundo entero. En 2012 la diabetes ha causado más muertes que el VIH-SIDA. La minusvalía que causa esta enfermedad y sus complicaciones han aumentado significativamente desde 1990, particularmente entre las personas de 15 a 69 años, y hasta el momento ningún país ha logrado disminuir las tasas de obesidad y sobrepeso de su población.
La OMS recomienda no más de 25 gramos diarios en azucares, el equivalente a seis cucharadas de té. Brasil lidera el consumo de azúcar en la región con 152 gramos. En México, donde este tema es política de Estado, el consumo es de 104 gramos diarios. Como referencia, una botella de 600 ml de Coca Cola aporta más de sesenta gramos de azúcar. La asociación entre consumo de bebidas gaseosas, obesidad y diabetes es directa. No hay vuelta que darle. La ecuación es simple: el mejor proxy para una buena salud es mantener un peso corporal adecuado. Así lo demuestran varios estudios, entre ellos uno reciente de Suecia, publicado por Annals Internal Medicine.
Suecia podría parecer un escenario lejano. Sin embargo, esta semana la prestigiosa revista médica The Lancet publicó un estudio que debería encender las alarmas de las autoridades sanitarias de nuestro país. Argentina, junto con Chile y México, se encuentra entre los cinco países del mundo con mayor consumo de bebidas gaseosas azucaradas. A diferencia de nuestro país, México y Chile ya implementaron medidas de penalización impositivas para desalentar el consumo. Los resultados más claros se están viendo en México, donde durante 2015 se observó una disminución del 6% en el consumo, al tiempo que se evidenció un aumento del 12% en el consumo de agua embotellada. Lo más interesante es que los cambios más significativos se han visto en los grupos de menor poder adquisitivo. Las personas en condición de pobreza.
Las medidas impositivas en las bebidas azucaradas no son nuevas. Al menos 19 países ya han implementado esta medida o en están en camino de hacerlo. El Reino Unido la impondrá a partir de abril de 2017, con un gravamen del 20 por ciento. Canadá, a consecuencia del informe Report alarming rates obesity in Canada, ya los discute en su parlamento. Australia, Irlanda, Noruega, Finlandia, Hungría y algunos estados de los Estados Unidos son otros casos a considerar.
En Argentina hay suficiente evidencia como para preocuparse. Primero porque integra la región que tiene mayor prevalencia en obesidad. En el país hoy cuatro de cada diez personas tienen sobrepeso, y el 20% de la población mayor de 18 años está obesa según la III Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de 2015. Esto significa que, en su conjunto, uno de cada tres argentinos tiene peso mayor que el adecuado. Las proyecciones no son buenas si se considera que en nuestro país el aumento de la obesidad fue del 42% entre 2005 y 2015.
El impuesto a las bebidas azucaradas o gaseosas debe ser visto dentro de una estrategia amplia, donde se constituya como un elemento más, pero al mismo tiempo determinante. Es necesario que se acompañe de una publicidad responsable que limite contenidos en horarios de audiencia de menores, en cercanías de escuelas o con estrategias comerciales que promuevan el engaño. También debe haber un etiquetado honesto de los productos y los alimentos de consumo. Deben ser parte una estrategia, un esfuerzo nacional. Una política de Estado. Una decisión pensada desde la dimensión salud, motorizada desde el sector salud y con su efecto recaudatorio para mejorar la salud de la población. La evidencia muestra que los más beneficiados suelen ser las personas menos informadas, aquellos que conforman los estratos socioeconómicos más desfavorecidos. Para ello, una sociedad compasiva, que acepte una medida como esta es fundamental. Habla de la solidaridad de una nación.
Estos días se celebró, como todos los 7 de abril, el Día Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud —ya casi limitada a su función de abogacía y comunicación— eligió la diabetes como tema central. No fue por azar. Pensar un impuesto que ayude a mejorar nuestra salud es una forma de prevenir, de curarse en salud. Una forma en que los países piensan en sus ciudadanos de una manera anticipada. Una manera de hacer rectoría junto a organismos de abogacía global como la OMS, en parte financiada por contribuciones del país. Es una forma de comenzar por nuestra propia casa. No olvidemos que, después de todo, nuestra forma y calidad de vida se dirime, en gran medida, por fuera del sector de salud. Así lo sostiene la Comisión de los Determinantes Sociales establecida de la OMS. Así lo pensamos muchos.
